OFICIALIZAN LEY QUE RESTRINGE EL DERROCHE DE RECURSOS EN OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
El dispositivo busca hacer un uso
probo, transparente, eficiente y eficaz de los recursos y bienes del Estado, a
nivel nacional, permitiendo cumplir con los objetivos institucionales de las
entidades y con los fines públicos para los cuales está prevista la obra
pública.
El Poder Ejecutivo promulgó este
sábado la Ley 31876, que propone regular el proceso de ejecución de obras por
administración directa a nivel nacional para que éstas se realicen en las
mejores condiciones de calidad, costo y plazo.
El dispositivo, aprobado por el
Congreso la semana pasada, busca hacer un uso probo, transparente, eficiente y
eficaz de los recursos y bienes del Estado, a nivel nacional, permitiendo
cumplir con los objetivos institucionales de las entidades y con los fines
públicos para los cuales está prevista la obra pública.
Se encuentran comprendidas dentro
del alcance de la presente ley, bajo el término genérico de Entidad, las
entidades sujetas al ámbito del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y del Decreto Legislativo 1439,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ejecuten obras
públicas por administración directa, independientemente de la fuente de
financiamiento que utilicen.
En adelante, la ejecución de las
obras por administración directa, adicionalmente a los principios que rigen el
derecho público, administrativo y financiero, en lo que resulte aplicable, se
rige por los principios de moralidad, eficiencia, transparencia y economía.
En el marco de la ejecución de
una obra por administración directa, está prohibida la adquisición, bajo
cualquier modalidad, de maquinaria y equipos con cargo al presupuesto de la
obra.
El Sistema Nacional de Control
realiza el control concurrente sobre la ejecución de inversiones con
componentes de infraestructura por administración directa, priorizando la
utilización de herramientas tecnológicas para su fiscalización, conforme a la
normativa establecida por la Contraloría. (La República/Esteban Salazar)
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