"LÍNEA DIRECTA" con Eladio Quispe

CONGRESO BUSCA AMORDAZAR A SUS TRABAJADORES ANTE LA PRENSA, EN MEDIO DE ESCÁNDALOS Y DENUNCIAS

* Coacción. Con ese término, el congresista Juan Burgos criticó la orden del Congreso que impide a sus empleados brindar declaraciones sobre temas relacionados con el Parlamento. La disposición expone casos de presunto acoso laboral y saca a la luz una denuncia que involucra directamente al Legislativo.

Durante la última semana, la Oficialía Mayor del Congreso envió un recordatorio al correo institucional de los trabajadores, exhortándolos a respetar el artículo 89 del Reglamento Interno de Trabajo. Esta norma prohíbe brindar declaraciones públicas a los medios de comunicación sobre temas vinculados al Parlamento o a los legisladores, con la finalidad de que no afecte la imagen o dignidad de los congresistas.

El hecho no llamaría la atención si es que durante la misma semana, el Área de Desarrollo y Bienestar del Personal no hubiese vuelto a enviar un nuevo recordatorio de la normativa, pero esta vez añadiendo el pedido de "lealtad, veracidad y justicia". Estos "recordatorios" que buscan coaccionar a los trabajadores, están ligados a procesos disciplinarios de suspensión o cese de trabajo que han sido abiertos a trabajadores por expresar opiniones en contra del Parlamento o la Mesa Directiva.

ANTECEDENTES

“Las coincidencias no existen”, decía Sigmund Freud, y esta frase parece cobrar sentido frente a lo ocurrido en los pasillos del Parlamento peruano. En marzo de 2024, Diego Pomareda, exasesor del Congreso, fue sometido a un proceso disciplinario luego de publicar en X (antes Twitter) comentarios críticos sobre el daño que le estaba haciendo el Congreso al Estado Constitucional.

Pomareda asegura que sus tweets incomodaron a la Mesa Directiva, que no tardó en convertir su caso en un proceso disciplinario, a través de un oficio emitido por Oficilía Mayor. "Cuando escribí esos tuits, por la visibilidad que tenía, la Mesa Directiva decidió elevar mi caso como un proceso disciplinario, y luego ese proceso duró un año internamente", señaló el extrabajador.

Durante ese largo proceso, relata haberse sentido “maltratado” por las reiteradas citaciones sin resultado: convocatorias para brindar su defensa oral que terminaron en sesiones canceladas o con la ausencia de los miembros de la comisión encargada. Para Pomareda, más que una investigación, su caso se convirtió en una forma de hostigamiento institucional. Sin embargo, lo más alarmante fue lo que vino después.

Cuando Pomareda renuncia a su puesto dentro del Congreso, la institución decide no reconocerle los últimos 4 días de trabajo indicándole que había sido suspendido e ingresándolo en un registro de funcionarios sancionados. "La conclusión a la que llego es que la suspensión se da con la finalidad de que me ingresen a un registro de funcionarios sancionados, afectando mi vida profesional y académica", aseguró.

El caso de Diego Pomareda, exasesor y profesor de derecho constitucional, no solo revela un aparente hostigamiento interno, sino que estaría conectado con el reciente memorándum y recordatorios emitidos por el Congreso a sus trabajadores. Ante lo que consideró una arbitrariedad, Pomareda decidió recurrir al Poder Judicial e interpuso una demanda laboral contra el Parlamento.

"Después de seis meses de espera, hace dos semanas el Poder Judicial admitió mi demanda y ha citado al Congreso para que responda el 14 de agosto", informó. La notificación le llegó recientemente, y según él, no se trata de una coincidencia. Pomareda vincula este avance judicial con los recientes comunicados emitidos por el Legislativo, en los que se advierte a los trabajadores que no pueden dar declaraciones a la prensa ni brindar testimonios.

"Yo quiero que el Poder Judicial emita una sentencia en la que diga que los trabajadores, que defienden ciertos principios y ciertas luchas políticas con su congresista, están en la libertad de expresarse en disconformidad con el Parlamento", puntualizó Pomareda, indicando que este será el principal objetivo que planteará dentro del juicio que viene llevando contra el Congreso.

SINDICATOS EN DESACUERDO CON LA MALA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 89

La tensión entre el Congreso de la República y sus trabajadores no cesan con Pomareda. Las denuncias no solo apuntan a represalias individuales, sino a una política institucional que estaría vulnerando derechos fundamentales de la Constitución Política del Perú.

El Sindicato de Trabajadores del Parlamento (Sitraparl) alzó la voz mediante un comunicado dirigido al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y a la Mesa Directiva, exigiendo que se respete el artículo 2 de la Constitución, que garantiza las libertades de información, opinión y expresión. El gremio advirtió sobre una peligrosa mala interpretación del artículo 89 del Reglamento Interno del Congreso, que estaría siendo usado para amordazar a trabajadores que cuestionan o solicitan información sobre las acciones del Legislativo.

Tulio Vizcarra, presidente del sindicato Sitracon, también se sumó a los cuestionamientos, señalando que el artículo en mención —incluido en un memorándum firmado por el oficial mayor, Giovanni Forno— ha sido interpretado de forma represiva por ciertas autoridades del Congreso. Vizcarra aclaró que el reglamento se refiere principalmente a la confidencialidad del trabajo técnico desarrollado en las comisiones, no a la prohibición de la libertad de expresión de los trabajadores. “No le pueden quitar la libertad de expresión a nadie”, enfatizó.

En ese contexto, Marie Silva, secretaria general del sindicato Sitracon, denunció públicamente que tanto ella como otros dos compañeros fueron blanco de procesos disciplinarios luego de solicitar información sobre el reciente viaje a China realizado por Salhuana junto a la funcionaria Yessenia Lozano, en medio de cuestionamientos por presunta falta de transparencia.

Silva reveló que, tras esa solicitud, fue víctima de violencia verbal y acoso por parte de Víctor Neciosup Santa Cruz, un trabajador cercano al presidente del Congreso. Según su testimonio, durante una ceremonia oficial, Neciosup la increpó: “Le estás faltando el respeto al señor presidente del Congreso y estos hechos te traerán consecuencias”. Acto seguido, simuló una llamada mencionando a una tal “Sonia”, nombre que coincidiría con la jefa de Recursos Humanos del Parlamento.

Pese a tratarse de una denuncia formal ante Oficialía Mayor, la respuesta de la Mesa Directiva fue sorprendente: los tres trabajadores fueron acusados directamente de cometer delitos penales como injuria, difamación y calumnia, sin siquiera hablar de presuntas faltas. La resolución los calificó de infractores graves, en lo que el sindicato considera una represalia por parte del Congreso por ejercer su derecho a la transparencia y la libertad de expresión.

Este patrón de silenciamiento interno —que se suma al caso del exasesor Diego Pomareda y a los recientes comunicados que prohíben a los trabajadores hablar con la prensa— pone al descubierto una grave contradicción dentro de una institución que debería ser garante de democracia. En lugar de dar el ejemplo, el Congreso parece haberse convertido en un espacio donde la crítica se castiga y la verdad se censura. (LA REPÚBLICA/Pamela Arroyo)