EL PERU DEBE ESTAR POR ENCIMA DE TODO Y DE TODOS…Por: Andrés Tello
El Perú vive un momento que exige serenidad, pero también firmeza. No estamos frente a una simple disputa política ni ante un intercambio más de acusaciones entre candidatos. Estamos ante una coyuntura en la que el control del Estado, en pleno año electoral, puede marcar el rumbo institucional de los próximos años.
Mientras Rafael López Aliaga y
Keiko Fujimori continúan señalándose mutuamente por lo ocurrido en la elección
de la presidencia del Congreso, el país enfrenta un desafío mayor que cualquier
disputa personal: garantizar que el aparato estatal no sea utilizado para
distorsionar la competencia democrática.
Hoy el Ejecutivo se sostiene en
una convergencia política donde participan Alianza para el Progreso, Podemos
Perú y Perú Libre. En año electoral, el control de ministerios con fuerte
presencia territorial no es un detalle menor. Economía, Vivienda, Transportes,
Desarrollo e Inclusión Social y otros sectores estratégicos tienen capacidad de
incidir en presupuestos, obras, programas sociales y relaciones con alcaldes y
gobernadores en ejercicio.
No es necesario que exista un
acto ilegal para generar una ventaja indebida. Basta con crear expectativas,
compromisos o dependencias en torno a proyectos y transferencias. Basta con que
se siembre la percepción de que el Estado puede inclinar la balanza.
El Perú está tratando de decidir
su futuro en las urnas. No puede hacerlo bajo la sombra de la sospecha.
Por eso el llamado es claro y
responsable. No se trata de alianzas electorales, ni de pactos de conveniencia,
ni de fotografías para la galería. Se trata de algo más sencillo y más
trascendente: convocar a todos los candidatos democráticos —desde Carlos Álvarez
hasta George Forsyth, José Williams Zapata y Roberto Chiabra— a ejercer una
vigilancia firme, pública y coordinada sobre el Ejecutivo durante estos meses
decisivos.
La campaña debe continuar, la
competencia es legítima, cada proyecto debe confrontarse con ideas y
propuestas. Pero la neutralidad del Estado no es negociable.
El Congreso tiene herramientas
constitucionales claras: interpelación, fiscalización presupuestal, seguimiento
de transferencias extraordinarias, coordinación con la Contraloría y los
organismos electorales. Utilizarlas no es obstrucción. Es defensa institucional.
Este no es un debate entre
izquierda y derecha. Es un debate entre responsabilidad y deterioro
institucional. Entre competencia limpia y sospecha permanente.
Desde las regiones sabemos lo que
significa cuando las decisiones nacionales afectan directamente la vida local.
Sabemos que cuando la política se desordena, el impacto no se queda en Lima;
golpea a las provincias, a los emprendedores, a los trabajadores, a las
familias que solo quieren estabilidad y oportunidades.
Hay momentos en la historia en
los que el liderazgo se mide no por la capacidad de vencer al adversario, sino
por la voluntad de proteger las reglas del juego democrático.
Este es uno de esos momentos.
Si quienes aspiran a gobernar el
Perú no son capaces de defender hoy la neutralidad del Estado, difícilmente
podrán reclamar mañana autoridad moral para dirigir la Nación.
El Perú no está indefenso, pero
necesita dirigentes que estén a la altura de su responsabilidad histórica,
¿veremos quienes se atreven?.
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