LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA ACTÚA COMO UN INSTRUMENTO POLÍTICO PARA SILENCIAR A JUECES
* CONTROL. Desde que asumió
funciones, la mayoría de los actuales integrantes de la Junta Nacional de
Justicia (JNJ) se ha dedicado a perseguir a jueces y fiscales incómodos para el
pacto de gobierno. Primero fueron los fiscales y ahora están en riesgo los
jueces que se han opuesto a las leyes “pro-crimen”.
La independencia y autonomía judicial está en peligro en el Perú. Lo advierten la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las relatorías de Naciones Unidas sobre independencia de jueces y libertad de asociación y la Federación Latinoamericana de Magistrados. Lo mismo hacen la Asociación Nacional de Magistrados del Perú (ANMP), la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUS DEM) y la ONG IDL.
Una situación que podría empeorar
en el próximo gobierno, si Fuerza Popular alcanza la presidencia pues tendrían
el poder total. En noviembre último, en la Conferencia Anual de Empresarios, el
actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, de Fuerza
Popular, demandó iniciar un proceso para “barrer el sistema judicial”. Pero,
Rospigliosi no plantea una reforma del sistema judicial para luchar contra la
corrupción, la demora en el desarrollo de los procesos o disminuir la
provisionalidad.
El barrido que plantea está
dirigido contra los jueces que no se alineen con el poder político. “Fernando
Rospigliosi demandó “barrer el sistema judicial” de jueces que se pronuncian
contra las leyes pro crimen del Congreso”.
Una situación que preocupa dentro
y fuera del sistema judicial, es que esa “limpieza selectiva” que propugna el
reelecto líder parlamentario de Fuerza Popular es lo que ya viene realizando la
Junta Nacional de Justicia ( JNJ): perseguir a los jueces incómodos al poder
político. Para ser más precisos, a los fiscales y jueces que han investigado el
accionar del fujimorismo y otras fuerzas políticas del pacto corrupto que hoy
controlan el Congreso y el Ejecutivo. Además, a los magistrados que se oponen a
dar impunidad a policías y militares que violaron los DD.HH.
DIGITADA POR EL CONGRESO
La actual composición de la JNJ
fue elegida por el Congreso para el periodo 2025-2030. Su actual presidenta, la
abogada María Teresa Cabrera Vega fue congresista de Podemos Perú, el partido
de José Luna Gálvez. Luna enfrenta una investigación por infiltrar, entre el
2016 y 2917, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para inscribir
su partido político.
María Teresa Cabrera y la mayoría
de los demás integrantes de la JNJ, Gino Ríos Patio, Víctor Chanduví Cornejo,
Germán Serkovic González y Cayo Galindo Sandoval se han dedicado a satisfacer
los intereses del poder político, desde enero de 2025, cuan do asumieron el
cargo. Solo Francisco Távara Córdova y Jaime de la Puente Parodi resisten
internamente, con votos en contra, esa pro puesta política.
Así, en una de sus primeras
acciones, el 14 junio de 2025 repusieron como fiscal suprema a Patricia
Benavides y, en contra de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio
Público, intentaron imponerla como fiscal de la Nación. Al fracasar, iniciaron un
proceso disciplinario contra la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a
la que terminaron destituyendo, en enero de 2026.
En marzo de este año, también
decidieron no ratificar al fiscal supremo y ex fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez Velarde, lo que provocó un reacomodó de la Junta de Fiscales Supremos,
el máximo órgano de gobierno del Ministerio Público.
Hoy, la Junta de Fiscales
Supremos está constituida por dos fiscales supremos amenazados con procesos de
no ratificación (Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena) y otros tres destituidos
y actualmente repuestos: Patricia Benavides repuesta por la JNJ, el actual
fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, reintegrado por el Tribunal Constitucional,
y Luis Arce Córdova, por el Poder Judicial. Arce Córdova apoyó, como integrante
del Jurado Nacional de Elecciones, las denuncias no probadas de fraude en las
elecciones del 2021.
Un reacomodo que generó la
eliminación de todos los equipos fiscales especiales para casos complejos como
la matanzas en las pro testas del 2021-2022, Lava Jato-Odebrecht, Los Cuellos
Blancos, sobre corrupción en el sistema judicial y el EFICCOP que investigaba
la corrupción en el Poder político a partir del 2021.
DETRÁS DEL PODER JUDICIAL
El actual objetivo de la JNJ es
el Poder Judicial. El Congreso quiere jueces sumisos que digan amén a todas las
leyes pro crimen, como si se tratara de soldados en un campo de batalla. El criterio de conciencia, el control
judicial de Constitucionalidad o control di fuso, preferir la Constitución
sobre la ley, los tratados internacionales reconocidos por la Constitucional
sobre la ley interna, es mal visto por el poder político. Por eso, por mayoría
decidió no ratificar al juez superior de Lima, Oswaldo Ordóñez Alcántara. Su
falta haberse presentado a una audiencia de la CIDH para explicar los alcances
y perjuicios de las leyes pro crimen en la administración de justicia.
Ordóñez señaló que “la mayoría
parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el Poder Ejecutivo, sistemáticamente, viene
desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder
Judicial y el Ministerio Público”.
La JNJ aduce que criticar las
leyes que aprueba el Congreso supone tomar partido, ejercer una función
política. Se ignora el derecho de crítica de la actuación de las autoridades
políticas y la libertad de opinión y expresión frente a una ley que considera
afecta sus funciones como magistrado.
En el fondo es un acto de
represalia dirigido a silenciar a los magistrados. Los políticos podrán dictar
leyes contra la Constitución y los tratados internacionales, frente a las
cuales el juez no podrá decir nada. Ese es el mensaje en la no ratificación del
juez Ordóñez.
Un mes antes de la sanción
impuesta a Ordóñez, la JNJ suspendió por seis meses al juez constitucional de
Lima, Juan Torres Tasso por dictar una medida cautelar a favor de Delia
Espinoza. Al momento de ser suspendido, Torres veía una demanda de la JNJ contra
el Colegio de Abogados de Lima. El mensaje es el mismo, cualquier magistrado
incomodo puede ser sancionado.
Pero, la Junta va más allá. Ha iniciado al menos tres investigaciones en procesos disciplinarios al juez Richard Concepción por aplicar el control difuso o por demoras en la tramitación de apelaciones que, en realidad tienen que vez, con su actuación como juez nacional de investigación preparatoria.
En la misma situación se
encuentra, el juez Jorge Chávez Tamariz. En este caso ante denuncias
presentadas por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi por aplicar el
control difuso o control constitucional para dejar de lado las leyes que
pretenden impunidad en crímenes de derechos humanos.
Chávez ha sustentado en sus
resoluciones que los tratados internacionales suscritos por el Perú y
reconocidos por la Constitución están por encima de las leyes recientemente
emitidas por el Congreso, por lo que no se puede aplicar la norma que prescribe
los delitos contra los derechos humanos.
En enero de 2025 y, de nuevo, en
febrero del 2026, la JNJ ha iniciado sendas investigaciones disciplinarias
contra la presidenta del PJ, Janet Tello por hechos que, en el fondo,
cuestionan la defensa de la in dependencia judicial. El mensaje es claro:
cualquier magistrado que actúe en contra de los intereses del poder actual está
en grave riesgo de ser separado del cargo.
HAY PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL
“Nos preocupa que la remoción del
cargo del juez Oswaldo Ordóñez constituya una represalia cuya magnitud afecta a
todos y todas las juezas del país” expresaron las relatoras de Naciones Unidas
sobre la independencia de magistrados y abogados Margaret Satterthwaite y sobre
libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero.
Más allá del caso Ordóñez, la JNJ
está redibujan do la composición del Poder Judicial y el Ministerio Pública
para las próximas décadas. Junto a la no ratificación y la destitución, viene
nombrando jueces y fiscales titulares a nivel nacional con un perfil favorable
al actual poder político. (LA REPÚBLICA/ César Romero Calle)
Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados
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