LAS PELIGROSAS PROPUESTAS QUE ESCONDE ROBERTO SÁNCHEZ PARA LA SEGUNDA VUELTA
* LO QUE NO SE VE. El plan de gobierno de Roberto Sánchez contempla el control de los medios de comunicación y la creación de un “poder popular” en el Estado. Constitucionalistas advierten que las medidas guardan similitud con las que su momento aplicó la dictadura en Venezuela.
El congresista y candidato a la Presidencia de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, sigue esperando los resultados oficiales de la primera ronda electoral que confirmarían su pase al balotaje programado para el domingo 7 de junio. Mientras eso ocurre, implementa una estrategia para ganar el voto de los indecisos, la misma que pasa por negar a su aliado de ideas extremistas y violentistas Antauro Humala y desdecirse de sus propuestas iniciales, como la que va en contra de la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) o la que sostiene que, de llegar al gobierno, prescindiría del presidente del ente emisor, Julio Velarde.
En reciente visita a Cajamarca,
Sánchez no le respondió a algunos pobladores cuando le cuestionaron
insistentemente por sus planteamientos de gobierno para atender al agro.
Tampoco dio detalles de otras iniciativas contenidas en su plan de gobierno.
Tal vez porque varias de ellas representan un riesgo para las libertades
ciudadanas.
PODER POPULAR
Una de ellas es su propuesta
—contenida en su plan de gobierno— para reestructurar el Estado mediante la
creación de un nuevo poder, similar al Ejecutivo, Judicial y Legislativo, pero
denominado “Poder Popular”, al que define como la “organización del pueblo”
para participar directamente en las decisiones del país en temas políticos,
económicos y sociales.
El llamado “Poder Popular busca
que la ciudadanía se agrupe en diversas formas para ejercer su soberanía desde
las bases, convirtiéndose en el motor principal para realizar los cambios que
el Estado plantea”. Para lograrlo, Sánchez sugiere modificar la estructura del
Estado. El “Poder Popular” sería entonces —según su plan— reconocido como una
instancia oficial junto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
funcionando como un contrapeso ciudadano frente a las decisiones políticas y
económicas.
El abogado constitucionalista
Lucas Ghersi explicó a Perú21 que este concepto guarda similitud con modelos
aplicados en otros países de la región como Venezuela.
“El concepto de poder popular es
un concepto de Venezuela, de la constitución chavista. En el lenguaje del
socialismo del siglo XXI, poder popular significa que va a tener que haber de
repente un gremio de construcción civil, por ejemplo, pero del régimen. Es
decir, como una especie de estatización del Estado en la sociedad civil. ¿Para
qué se quiere eso? Obviamente, para poder tener una finalidad política de
control”, mencionó Ghersi.
En Venezuela, el concepto de
“Poder Popular” está integrado en sus propias leyes y se utiliza para que la
sociedad civil organizada impulse las políticas del gobierno a través de
gremios de trabajadores, agricultores o pescadores; pero eso es en el papel,
pero la realidad es otra.
En la práctica, según Lucas
Ghersi, este sistema permite que el Estado se infiltre en las organizaciones
sociales para asegurar el control político de las mismas, funcionando como una
red de ciudadanos afiliados que aseguran la permanencia del régimen en el
poder.
Asimismo, este modelo ha servido
para establecer una especie de “policía paralela” o milicias que actuaron a
favor del gobierno de Nicolás Maduro o, en estos últimos tiempos, de Delcy
Rodríguez. “Con el pasar de los años, esta idea ha perdido su naturaleza de
organización ciudadana independiente e incluso ha sido señalada por participar
en la represión de la oposición durante diversas protestas en Venezuela”,
explicó el experto.
CONTROL DE MEDIOS
Otra propuesta de Roberto Sánchez
son las veedurías ciudadanas para medios de comunicación. En otras palabras, un
mecanismo de vigilancia sobre los medios de comunicación tradicionales y las
redes sociales para asegurar una transmisión de noticias “responsable”.
Su labor principal, según el
documento de Juntos por el Perú, consiste en “supervisar los contenidos
difundidos y emitir alertas específicas cuando se detecten mensajes que
fomenten la violencia, la discriminación o que tengan la intención de generar bloqueos
informativos que perjudiquen a la ciudadanía”.
El plan propone que el Estado
reparta las señales de radio y televisión en partes iguales entre las empresas
privadas, el propio gobierno y las organizaciones de la comunidad.
“Se fomentará que los medios de
comunicación asuman, desde su ejercicio libre e independiente, el compromiso
con el desarrollo y calidad de vida de la población. En esa línea, el Estado
impulsará la creación de medios comunitarios educativos, culturales e
informativos a nivel nacional, regional y local”, dice el texto.
El jurista Natale Amprimo dijo a
Perú21 que “sin lugar a dudas, lo que se dice en el plan de gobierno parte por
desconocer los derechos a la información y difusión en el plano de la libertad,
pretendiéndose crear instancias controladoras o censores que son inaceptables
en un régimen democrático y de libertad”.
Para Ghersi, en tanto, esta
medida representa un riesgo para la prensa independiente. “Claramente, es un
golpe contra la libertad de expresión. Poner esto en el plan de gobierno
claramente revela una intención de utilizar la fuerza del Estado para amedrentar
un poquito a los medios de comunicación”.
El experto aseguró que en el Perú
no se necesita este tipo de veedurías, ya que actualmente los ciudadanos pueden
fiscalizar a los medios de comunicación. Además, mencionó que el Consejo de la
Prensa Peruana y diferentes instituciones pueden, de ser el caso, denunciar
cualquier mala práctica periodística.
En todo caso, acotó que las
modificaciones que plantea Sánchez difícilmente serían aprobadas, pues
requieren consenso que no alcanzaría con otras fuerzas representadas en el
Parlamento. “Son ideas utópicas. No se van a poder hacer salvo a través de una
dictadura o de un golpe de Estado”, advirtió. (PERÚ 21/ Natalia Lizama)
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