KARELIM LÓPEZ SE ACOGE A COLABORACIÓN EFICAZ Y HABLA DE UNA ORGANIZACIÓN QUE OPERA DESDE LA PRESIDENCIA
La lobista Karelim López se
acogió a la colaboración eficaz y reconoció su participación en diversos
delitos ante la Fiscalía de Lavado de Activos. Ha relatado eventos que
ocurrieron en Palacio de Gobierno y en la casa de Breña, desde julio de 2021
hasta la fecha.
La empresaria y promotora de negocios Karelim López Arredondo se acogió al procedimiento de colaboración eficaz. Lo hizo en una nueva investigación que inició en su contra la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, a cargo de Luz Taquire Reynoso. Ante la posibilidad de ser detenida, habría decidió hablar. Coincidentemente, confirma todos los trascendidos periodísticos de los últimos meses.
La República pudo constatar la
existencia de una declaración de colaboración eficaz con clave n.°
001-2022-2FISLAA ofrecida a la Fiscalía, que diversas fuentes oficiales
atribuyen a López Arredondo. Minutos después de que se firmara el documento y
la colaboradora se retirara de la Fiscalía, su declaración fue fotocopiada y se
distribuyó dentro y fuera del Ministerio Público, según nuestras fuentes, antes
de una mínima corroboración.
El equipo del fiscal superior
coordinador de lavado de activos, Rafael Vela Barba, le da una altísima
credibilidad a la declaración de Karelim López, aseguraron fuentes judiciales.
El abogado de López, César
Nakazaki, no contestó las llamadas telefónicas que le hizo La República desde
el viernes último para verificar dicha información recibida y conocer su
opinión. Las fuentes oficiales del Ministerio Público también guardan silenció
frente a nuestros pedidos de información.
El aspirante a colaborador eficaz
revela la existencia de una presunta organización criminal encabezada por el
presidente Pedro Castillo, que se habría infiltrado en Palacio de Gobierno, en
diversos ministerios y el Congreso de la República.
El objetivo de dicha
organización, asegura, sería obtener dinero con las licitaciones de obras
públicas, con los nombramientos en las Direcciones de Salud a nivel nacional,
los ascensos en los institutos armados y los reclamos tributarios ante la
Sunat.
El dinero recaudado, según el
colaborador, sería utilizado para pagar las deudas que el presidente Castillo
habría contraído en la campaña electoral. “Tengo que pagar a los empresarios
que han financiado mi campaña”, le habría dicho el presidente.
Además, señala que la
organización habría logrado obtener el apoyo legal y la protección del fiscal
superior Omar Tello Rosales, coordinador de las fiscalias anticorrupción, y de
la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera. De esta manera, la Fiscalía no
investigaría sus actividades y se les protegería ante cualquier denuncia.
Los principales integrantes de la
organización, según el colaborador, serían el dueño de la casa del jirón
Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez; los sobrino del presidente, Fray
Vásquez Castillo, Rousbelt Oblitas Paredes y Gian Castillo Gómez; el ex
secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco Castillo; el titular del
MTC, Juan Francisco Silva Villegas; el empresario y especialista de seguridad,
Zamir Villaverde García y por lo menos cinco congresistas de Acción Popular, a
los que se descr iben como ‘Los Niños’.
Entre los congresistas de AP a
los que el presidente se referiría como “Los Niños”, la colaboradora identifica
a Raúl Felipe Doroteo Carbajo, parlamentario por Ica, y el médico Juan Carlos
Mori Celis, representante por la región Loreto. La fiscalía dice que los cinco
congresistas de Acción Popular obedecen todo lo que les dice el presidente y a
cambio de beneficiarían de millonarios contratos con el MTC, a través de la
empresa INIP Ingenieria Integración de Proyectos SAC y otras relacionadas con
inversionistas chinos.
La declaración también compromete
al premier, Aníbal Torres, y al exministro de Defensa Walter Ayala, aunque no
es claro si también están vinculados como integrantes de la presunta
organización ilícita. Sobre el actual premier y ex ministro de justicia, Aníbal
Torres el colaborador dice que le ofreció a Bruno Pacheco buscarle asilo
político en otro país en tanto se calmarán las cosas y que le ofreció sacar al
procurador Daniel Soria.
Sobre el exministro de defensa
Walter Ayala, el colaborador asegura que recomendó la salida de Bruno Pacheco
por los chats con el jefe de la SUNAT. El 20 y 23 de noviembre, el ministro
Ayala se reunió con el sobrino del presidente, Rousbelt Oblitas y Bruno
Pacheco, en un edificio ubicado en el distrito de Miraflores, con la finalidad
de definir los ascensos en las Fuerzas Armadas.
La organización, relata, habría
empezado a actuar en la casa ubicada en el jirón Sarratea 179, en el distrito
de Breña, y luego se habría trasladado a Palacio de Gobierno. Así, asegura que
fue testigo presencial de reuniones, acuerdos ilícitos y discusiones que
ocurrieron y siguen ocurriendo en la casa del jirón Sarratea y Palacio de Gobierno
desde julio del 2021 hasta el momento actual.
Precisa que participó en dos
reuniones en la casa de Sarratea y que, en aquellas, Castillo ordenó y acordó
con Segundo Sánchez y Bruno Pacheco “negociar” las licitaciones de obras
públicas y arreglar las deudas tributarias con el distribuidor mayorista de
equipos informáticos Grupo Deltrón.
En esas reuniones, el presidente
Castillo les habría dicho que debía cumplir con las deudas que había contraído
con diversos empresarios que financiaron su campaña electoral.
Sobre la campaña, en otra parte
de la declaración, el colaborador dice que Bruno Pacheco le contó que el
presidente había reconocido que Los Dinámicos del Centro aportaron dinero a su
campaña. La lista de empresarios beneficiados es bastante amplia e incluye a
traficantes de terrenos y de insumos químicos, que frecuentemente se desvían a
la mineria ilegal.
Sobre el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, refiere que el ministro Juan Silva ha
estructurado una red para arreglar las licitaciones de obras públicas en
Provías Nacional, siguiendo con el modelo del Club de la Construcción, es
decir, recibir un porcentaje del costo de las obras licitadas.
Con respecto al Minsa, señala que
existe una red que cobra hasta 150.000 soles para nombrar a los directores
regionales de Salud.
El colaborador también indica
que, tras el hallazgo de los 20.000 dólares en su oficina, hubo una fuerte
discusión entre Pachecho y el presidente Castillo. El presidente le pidió a
Bruno Pacheco que renuncie, pero este se negó. Al final lo convenció
ofreciéndole ser asesor externo y posteriormente recibir un contrato en el
exterior.
Igualmente, el colaborador
refiere que el 28 de noviembre, participó en una reunión con Rousbelt Oblitas
Paredes y un primo del fiscal Omar Tello en un restaurante en Lince cerca de la
conocida cadena de comidas Siete Sopas. En esa reunión, el primo del fiscal les
dijo que no se preocuparan porque había hablado con Omar Tello y que todo
estaba “bajo control”.
Igualmente, cuenta que en dicha
reunión, Bruno Pacheco y Rousbelt Oblitas le dijeron que el presidente Castillo
se iba a reunir con la “number one” de la Fiscalía, en referencia a la fiscal
de la nación, Zoraida Ávalos, y que no se preocupe, que no iban a investigar a
su tío y que el caso moriría en cinco años. Recién, el 21 de diciembre, el
presidente Castillo fue caminando desde Palacio de Gobierno a la sede de la
Fiscalía de la Nación y fue recibido por la doctora Ávalos, en un hecho
público. (LA República/ César Romero)
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