PODER JUDICIAL CONFIRMA CONDENA DE 9 AÑOS CONTRA GOBERNADORA DE LIMA POR PECULADO
* Rosa
Vásquez fue condenada el 2025. Este año el Juzgado ratificó su decisión y
ordenó su captura inmediata. Además, se le pide el pago de reparación civil por
S/1.900.000 junto a Wálter Tovar Macutela, quien fue sentenciado en el mismo
caso por su participación en delitos contra la administración pública.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima Este confirmó, por unanimidad, la condena de nueve años de prisión contra la gobernadora de Lima, Rosa Vásquez, por el delito de peculado doloso.
Además, se ordenó su captura
inmediata y una reparación civil de S/1.900.000. Este pago deberá ser abonado
de manera conjunta con Wálter Tovar Macutela, quien fue sentenciado en el mismo
caso por su participación en delitos contra la administración pública.
La condena en primera instancia
se dictó en diciembre último, tras una investigación por irregularidades
detectadas en procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios
durante la gestión de Vásquez Cuadrado como alcaldesa de Huarochirí.
De acuerdo con los elementos
probatorios y las investigaciones, el Juzgado determinó que Vásquez Cuadrado
era culpable de los delitos de peculado por apropiación y falsificación de
documento.
La organización criminal 'Los
compadres de la corrupción' utilizaba el aparato estatal para el
direccionamiento de contratos y el favorecimiento a proveedores específicos.
LOS CARGOS
El 2025, la condena impulsada por
la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y
respaldada por evidencia recopilada por la Policía Nacional a través de la
Dircocor se fundamenta en actos de corrupción que se remontan a su gestión como
alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Huarochirí, específicamente
vinculados al caso del Centro Cívico de Matucana y su auditorio.
Se acreditó un perjuicio
económico al Estado, debido a que la obra del centro cívico de Matucana fue
sobrevalorada y quedó inconclusa, a pesar de que la municipalidad desembolsó
una suma mayor a la que realmente debió costar la construcción.
En el mismo proceso judicial, se
investigaron cargos por falsificación de documentos públicos relacionados con
la obra, donde se detectaron rúbricas falsificadas en resoluciones gerenciales
que permitieron el desembolso de fondos.
Indicaron que el mecanismo de
corrupción se basaba en la adjudicación de obras y servicios a personas con las
que la gobernadora o altos funcionarios mantenían una estrecha relación
personal o familiar, incluyendo vínculos de compadrazgo (padrinos de bautizo,
etc.). (LA REPÚBLICA/ Narda Saavedra/Diego Alva)
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