JNE SOLO RECONOCE COMO OFICIAL PLAN DE GOBIERNO INSCRITO PARA PRIMERA VUELTA
* Autoridad electoral deja sin piso
a Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, recordando que el reglamento impide
modificar propuestas tras el plazo establecido.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cerró la puerta a cualquier intento de modificar propuestas programáticas en plena campaña de segunda vuelta y precisó que los únicos planes de gobierno con carácter oficial son aquellos que las organizaciones políticas presentaron durante el proceso de inscripción para la primera vuelta electoral.
La aclaración del organismo
electoral golpeó directamente la estrategia desplegada reciéntemente por el
candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien presentó
un nuevo documento programático para el balotaje con cambios sustanciales
respecto al plan de gobierno que registró ante el JNE y que actualmente figura
en el portal institucional como el único válido para efectos electorales.
El jefe de asesores del
organismo, Eder Quiroz, recordó que la ciudadanía puede consultar libremente
los planes oficiales en la plataforma digital de la entidad y remarcó que estos
documentos constituyen la referencia formal para que los electores conozcan las
propuestas de los candidatos que disputan la Presidencia.
La posición institucional también
encuentra respaldo en el reglamento electoral vigente. La normativa establece
expresamente que no se admiten solicitudes posteriores destinadas a modificar
los planes de gobierno inscritos por las agrupaciones políticas.
Además, el cronograma electoral
fijó el 23 de diciembre como fecha límite para cualquier corrección o enmienda.
Quiroz adelantó incluso que el
organismo revisará la legislación aplicable para evaluar eventuales
consecuencias jurídicas frente a modificaciones informales de propuestas que no
formen parte de los documentos oficialmente registrados.
PLAN OFICIAL DE ROBERTO SÁNCHEZ
DIFIERE DEL PRESENTADO PARA SEGUNDA VUELTA
La precisión del JNE cobra
especial relevancia porque el nuevo programa difundido por Roberto Sánchez
introdujo cambios importantes respecto al documento que presentó durante la
primera etapa electoral.
En materia económica, el plan
inscrito ante el organismo electoral planteó una postura mucho más
confrontacional frente al modelo económico vigente.
Entre sus propuestas figuraban la
renegociación de tratados de libre comercio, un mayor control estatal sobre
recursos estratégicos como el gas, el petróleo y los puertos, además de
restricciones a determinadas concesiones vinculadas a inversionistas extranjeros.
En un primer instante, JP también
plasmó en el documento la intención de nacionalizar la empresa Telefónica.
Luego, desde el entorno del candidato Sánchez aseguraron que se trató de un
error de edición.
Sin embargo, el documento
presentado tras el debate con Keiko Fujimori dejó de lado varias de esas
propuestas y priorizó objetivos cuantificables relacionados con
industrialización, diversificación productiva, formalización laboral y aumento
de exportaciones con valor agregado.
Las diferencias también
alcanzaron al sector salud. Mientras el programa original propuso destinar el
8% del Producto Bruto Interno (PBI) al sistema sanitario, la nueva propuesta
sustituyó esa meta presupuestal por objetivos de cobertura y acceso a servicios
esenciales para el 95% de la población.
En educación ocurrió una
situación similar. Aunque ambos documentos mantienen la meta de elevar la
inversión hasta el 6% del PBI, el nuevo plan eliminó compromisos específicos
que figuraban en la propuesta original, entre ellos el nombramiento masivo de docentes,
programas de capacitación para más de 250,000 profesores y medidas vinculadas
al fortalecimiento de la universidad pública.
Los cambios también alcanzaron la
seguridad ciudadana. El plan registrado ante el JNE proponía la derogación
expresa de determinadas leyes relacionadas con crimen organizado y establecía
metas concretas de reducción de homicidios y evaluación de integridad policial.
Varias de esas medidas desaparecieron del nuevo documento.
PACTO CON FENATEP ABRIÓ OTRO
FRENTE DE CUESTIONAMIENTOS
La controversia sobre los cambios
programáticos se intensificó después de que trascendiera un acuerdo político
suscrito entre Roberto Sánchez y la Federación Nacional de Trabajadores de la
Educación del Perú (Fenatep), organización fundada por Pedro Castillo y
vinculada históricamente al sector magisterial que se enfrentó al
Sutep.Biografías de políticos
El documento firmado el 12 de
mayo incorporó compromisos que tampoco aparecen en el plan de gobierno oficial
registrado ante el JNE.
Uno de los puntos más polémicos
señala que, desde el Ejecutivo y el Congreso, se impulsará “la libertad del
compañero Pedro Castillo y demás luchadores populares, privados de su
libertad”, además del “cese a los llamados juicios penales”.
El acuerdo también plantea
promover una Asamblea Constituyente Popular para elaborar una nueva
Constitución, rechaza la aplicación de la evaluación de desempeño docente
contemplada en la legislación vigente y respalda la formación de un movimiento
político magisterial destinado a favorecer electoralmente a Juntos por el Perú
durante la segunda vuelta.
Las cláusulas adquirieron
especial relevancia debido a los cuestionamientos que diversos sectores
formularon durante años contra Fenatep por sus nexos ideológicos con el
Movadef. (EXPRESO/ Fabrizio Salas)
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