ROBERTO SÁNCHEZ PASA A JUICIO ORAL POR PRESUNTA FALSA DECLARACIÓN DE APORTES DE JUNTOS POR EL PERÚ ANTE LA ONPE
* El Poder Judicial dispuso que el
candidato presidencial afronte un juicio oral por presuntas irregularidades en
la información financiera reportada por Juntos por el Perú. La Fiscalía
sostiene que más de S/204.000 en aportes no fueron declarados ante la ONPE y
solicita una pena de prisión e inhabilitación política.
A dos días de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, el Poder Judicial emitió una resolución que dispone el pase a juicio oral del candidato presidencial Roberto Sánchez por una investigación vinculada a los reportes financieros de Juntos por el Perú ante la ONPE. Sin embargo, la decisión aún no es definitiva debido a que fue apelada por la defensa.
La medida fue emitida por el
Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, que declaró concluida la etapa
intermedia del proceso y consideró que la acusación fiscal debe pasar a una
siguiente fase judicial. El caso está relacionado con presuntas irregularidades
en la información financiera presentada por la organización política ante los
organismos electorales.
Según la investigación fiscal,
una parte de los aportes económicos recibidos por el partido en 2019 no habría
sido reportada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La
acusación sostiene que más de S/204.000 habrían quedado fuera de los registros
oficiales entregados por la agrupación.
La resolución judicial se conoce
en la recta final de la campaña presidencial, cuando Sánchez disputa la segunda
vuelta electoral. Sin embargo, el proceso penal continúa en trámite debido a
que la defensa presentó un recurso de apelación contra la decisión del juzgado.
Con la apelación, una instancia
superior deberá revisar la resolución antes de que el pase a juicio oral quede
firme. Mientras tanto, el expediente seguirá su curso dentro del sistema
judicial y permanecerá sujeto a evaluación.
FISCALÍA SOSTIENE QUE APORTES NO
FUERON REPORTADOS A LA ONPE
La Segunda Fiscalía Corporativa
Penal de Cercado de Lima sostiene que los fondos presuntamente omitidos
impidieron que la ONPE pudiera fiscalizar adecuadamente el origen y destino de
los recursos económicos de la organización política. Por esa razón, la acusación
se centra en el presunto ocultamiento de información que debía ser reportada de
manera obligatoria.
Entre los elementos incluidos en
la investigación figuran documentos bancarios, registros financieros y
movimientos realizados durante los meses de enero y julio de 2019. La Fiscalía
considera que estas operaciones constituyen una prueba relevante para acreditar
que existieron aportes económicos que no fueron consignados en los informes
oficiales.
El Ministerio Público sostiene
además que la información presentada ante la autoridad electoral no reflejó la
totalidad de los ingresos obtenidos por la agrupación. Por ello, atribuye a
Sánchez responsabilidad en calidad de dirigente político y representante de la
organización durante el periodo investigado.
ROBERTO SÁNCHEZ: MINISTERIO
PÚBLICO SOLICITA DE CINCO AÑOS Y CUATRO MESES DE PRISIÓN EN SU CONTRA
Como parte de su acusación, la
Fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad
efectiva contra Roberto Sánchez. El requerimiento fue presentado ante el Poder
Judicial luego de concluir la etapa de investigación preparatoria y recopilar
los elementos que sustentan el caso.
La acusación también incluye una
solicitud de inhabilitación para ejercer la presidencia de una organización
política o desempeñar cargos de representación. Según el Ministerio Público,
esta medida responde a la gravedad de los hechos atribuidos al investigado y a
las consecuencias que habrían tenido sobre los mecanismos de control electoral.
La defensa del candidato ha
rechazado los cargos formulados por la Fiscalía. Durante las audiencias previas
intentó obtener el archivo del proceso; sin embargo, el pedido fue rechazado
por el juzgado encargado de evaluar la acusación. (LA REPÚBLICA/ Ariadna Yaya)
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