CARAL: SECTOR CULTURA RESPALDA A RUTH SHADY FRENTE A AMENAZAS DE OCUPANTES ILEGALES
· Perú tiene un compromiso ante la humanidad para
la preservación de este patrimonio, afirma ministra Gisela Ortiz.
La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, expresó hoy el respaldo institucional de su despacho a la arqueóloga Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica de Caral, quien ha sido blanco de amenazas por parte de ocupantes ilegales de este sector patrimonial en el valle de Supe.
Las consecuencias que han tenido
estas ocupaciones ilegales en la seguridad física de la doctora Shady y su
equipo “no las podemos seguir permitiendo”, enfatizó la ministra: “Vengo a
darles el respaldo institucional y hacerles sentir que no están solos en esta
problemática”.
En una de sus primeras actividades
oficiales, la ministra Ortiz visitó la Ciudad Sagrada de Caral y los sitios
arqueológicos Chupacigarro, Áspero y Vichama, en el norte de Lima, con la
finalidad de conocer los problemas que afectan la integridad de este
patrimonio.
COMPROMISO DE ESTADO
“Se debe hacer un compromiso de
Estado para que no solo valoremos lo que es nuestro patrimonio cultural, sino
que también nos apropiemos del mismo, para que todos seamos sus defensores”,
manifestó la titular de Cultura, en diálogo con autoridades y ciudadanos de la
zona.
“Nuestro patrimonio forma parte
de lo que somos y eso debemos reconocerlo, como ciudadanos y ciudadanas;
debemos cuidarlo, pues la responsabilidad que tenemos frente a este es enorme
–acotó–. En el caso de Caral y Chankillo, además, esa responsabilidad es frente
a la humanidad”.
En este escenario, destacó el
respeto que se debe tener por el patrimonio y por la integridad de las
personas, como la de la responsable de la puesta en valor de Caral, Ruth Shady,
quien inició las intervenciones en esta zona en 1994, cuando era docente en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
OCUPACIONES ILEGALES
En los últimos años, la Ciudad
Sagrada de Caral ha sido afectada por ocupaciones ilegales. Sin embargo, el
Ministerio de Cultura ya cuenta con dos procesos judiciales con sentencias en
la Corte Suprema: uno de reivindicación y el otro de desalojo.
Ambos procesos han adquirido
calidad de cosa juzgada desde el 2017 y desde esa fecha se encuentran en
ejecución de sentencia para la desocupación de una familia ligada a Irrigación
El Rosario. (Andina)
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