DESATINOS DEL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO ABREN CAMINO A NUEVAS ELECCIONES
* Fase terminal. En una demostración
de la debilidad de sus decisiones, el mandatario Pedro Castillo dejó sin efecto
la inmovilización social. Politólogos entrevistados coinciden en que el jefe
del Estado no es una garantía para la estabilidad del país, que debería dimitir
y se convoque a un nuevo proceso electoral.
Luego de haberse librado del segundo intento de vacarlo por la oposición en el Congreso, el presidente Pedro Castillo, en lugar de solucionar el conflicto con los transportistas de carga pesada, siguió su propia agenda y durante cinco días ignoró el paro indefinido de los camioneros, a los que se sumaron los agricultores y ganaderos. Desgraciadamente, no fue el único desatino presidencial. Siguieron otros más que expandieron en todo el país las marchas que ahora exigían su renuncia y nuevas elecciones. Se salvó de la vacancia, pero no de la protesta de los sectores populares afectados por el alza de los combustibles y de los alimentos de primera necesidad.
Castillo insultó a los
manifestantes, luego optó por el diálogo; sin embargo, poco después de anunciar
medidas para reducir los costos de los combustibles y los principales alimentos
de la canasta familiar, inesperadamente decretó, a última hora de la noche del
lunes, la inmovilización social desde las dos de la mañana hasta la medianoche
del martes. En medio de una lluvia de críticas por haber emitido dicha
disposición sin sustento constitucional, por la tarde la dejó sin efecto,
demostrando que su iniciativa carecía de fundamento porque no la defendía. O si
tenía evidencias de que el martes se desataría una ola de saqueos en mercados y
centros comerciales, el jefe del Estado no lo evidenció.
“Solo una absoluta desconexión
con la realidad, alimentada por unos servicios de inteligencia que lo trabajan
al susto, puede explicar un disparate como el de ordenar un toque de queda de
22 horas por razones de orden público. Ni los paros armados de Sendero Luminoso
lograron semejante restricción de derechos fundamentales que más que un estado
de emergencia fue un estado de sitio de facto. La masiva desobediencia civil
arrinconó a Castillo que tarde y mal derogó el disparate. Jamás fue popular en
Lima. Hoy se ha ganado a pulso el repudio popular”, explicó la periodista y
abogada Rosa María Palacios.
Por eso, ahora los manifestantes
reclaman su renuncia para evitar que sus continuos desatinos permitan el
desgobierno y la violencia.
“El país amanece sorprendido por
una medida tomada (de una manera) imprevista, inoportuna e inconstitucional,
(por parte) de un gobierno que no sabe –y que no supo nunca– qué hacer, salvo
los aventureros que trepaban como piratas al barco del Estado en busca del
tesoro”, escribió el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, para quien la
situación crítica ha franqueado el camino hacia su dimisión y nuevas
elecciones.
“El presidente ya infringió la
Constitución, como último eslabón de una seguidilla de desaciertos. Su
permanencia es solo garantía de inestabilidad, desgobierno y mantención de los
ductos de la corrupción. Su renuncia se hace necesaria, acompañada de un
acuerdo nacional para salir de la crisis, dentro del marco de la Constitución y
las leyes. Nuevas elecciones con reforma política, para tener algo de luz en
este largo túnel de la oscuridad”, anotó Tuesta.
Los últimos incidentes confirman
la incapacidad del jefe del Estado, según la evaluación del sociólogo y
politólogo David Sulmont.
“La ineptitud para enfrentar las
últimas protestas sociales se suma a la lista de errores autoinfligidos del
gobierno de Pedro Castillo. A pesar de tener al frente una oposición bastante
incapaz, es un camino que Castillo se ha labrado solo y que puede terminar con
su mandato. La salida de la crisis debe seguir los cauces institucionales,
creando condiciones para convocar un equipo de gobierno capaz que genere
confianza, y abrir espacios de negociación política para soluciones de más
largo plazo”, señaló Sulmont.
Fuentes de este diario
confirmaron que organismos de inteligencia comunicaron a Palacio de Gobierno
que grupos vandálicos estaban listos para actuar en el Centro de Lima, pero el
presidente Castillo optó por levantar la inmovilización social, sin adoptar
medidas preventivas. Por eso, este tipo de violentos manifestantes, vinculados
con el fujimorismo, actuaron en la noche del martes.
FRENTE A FRENTE
El Congreso pudo haber derogado
el decreto supremo que ordenaba toque de queda en Lima y Callao, como lo
explicó el abogado Luciano López. La pelota estaba en manos de la Junta de
Portavoces que se reunió temprano para analizar la disposición del Gobierno. La
congresista de Avanza País Adriana Tudela había presentado un proyecto de ley
para suspender el decreto. Los voceros pudieron haber acordado convocar a un pleno
extraordinario, discutir, votar y resolver el embrollo, pero no lo hicieron.
La Junta de Portavoces, al final,
básicamente, pasado el mediodía, acordó emitir un comunicado exhortando al
Ejecutivo a dar marcha atrás con la medida de inmovilización obligatoria, pero
no anunció ninguna acción concreta para contrarrestar esta medida que afectó a
las personas con menos recursos del país, que viven de su trabajo diario, en su
mayoría de manera informal.
“Exigimos al Poder Ejecutivo
derogar este decreto supremo y no recurrir a medidas que restringen derechos
fundamentales, como salida para solucionar esta crisis. Es incomprensible una
medida dictada al filo de la medianoche, que ha perjudicado a la mayoría de la
población que trabaja para poder llevar el alimento básico a diario a sus
hogares”, decía el comunicado.
Pero también fue incomprensible
por qué los voceros no hicieron más. Tampoco hizo nada la Comisión de
Constitución, de la fujimorista Patricia Juárez, que cuando se trata de aprobar
contrarreformas electorales elaboran dictámenes de manera exprés, pero en esta
ocasión, ante el decreto del toque de queda, solo hicieron una sesión
informativa con el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y emitieron
pronunciamientos individuales.
El argumento, hasta ahí, era que
en el Congreso aguardaban la presencia del presidente Pedro Castillo. Desde
Palacio habían confirmado que el mandatario asistiría a las tres de la tarde,
acompañado de sus ministros.
Como protesta y porque no
hicieron caso a la propuesta de Tudela, la bancada de Avanza País anunció que
no iba a participar en esa reunión. Horas después hizo lo mismo Fuerza Popular.
“Antes de venir, el presidente ha tenido que derogar ese decreto con el que
encierra a los limeños (...) Es una falta de respeto a los peruanos que se nos
mantenga encerrados porque son incapaces de tomar las medidas de seguridad y
porque fueron incapaces de negociar. Esta es una reunión en la que no tenemos
agenda”, protestó Hernando Guerra García, vocero fujimorista.
Para la reunión fueron
convocados, además del presidente y sus ministros, los integrantes de la Mesa
Directiva del Legislativo y los portavoces. Los congresistas no agrupados
fueron representados por Carlos Anderson, exintegrante de Podemos Perú, y
Edward Málaga y Flor Pablo Medina, del Partido Morado.
El presidente Castillo llegó a
las tres de la tarde. Se acercó a la prensa y dio un breve mensaje. “El 30 de
setiembre (del año pasado), la presidenta del Congreso, su Mesa Directiva y la
Junta de Portavoces nos visitaron en Palacio. Ahora les devolvemos la cortesía.
Vamos a discutir la crisis de la pandemia que se ha agravado por la guerra
entre Rusia y Ucrania”, expresó el mandatario y se retiró sin responder las
interrogantes de la prensa.
Castillo fue recibido por la
primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones, quien lo secundó hasta la
sala Miguel Grau. Ahí comenzó la sesión que, durante la primera hora, fue
reservada, pero luego la Mesa Directiva permitió que el canal del Congreso la
transmita. Así se pudieron visualizar los reclamos de los parlamentarios al
mandatario. Por ejemplo, Flor Pablo Medina, del Partido Morado, le recriminó al
presidente que haya decretado confinamiento en Lima y Callao sin tomar las
previsiones correctas. Otros congresistas se expresaron también en esa línea.
Castillo no se quedó hasta el
final de la reunión. Luego de anunciar que levantaba la inmovilización social,
se retiró con el pretexto de que debía firmar el documento correspondiente.
Hasta el cierre de esta edición, el presidente no lo hacía.
“CONGRESO LEGISLA, NO GOBIERNA”
El presidente Castillo intervino:
“Yo planteo que a partir del sábado nos sentemos a conversar con cada comisión
que tiene el Congreso. Acá están los ministerios y estamos dando los espacios
para que se trabaje”, propuso.
María del Carmen Alva le refutó:
“Solo una aclaración, presidente: el Congreso legisla, no gobierna. La agenda
la pone usted desde el Ejecutivo”.
El problema es que el mandatario
no había llevado una agenda de soluciones y la titular del Parlamento se
escudaba en eso, cuando horas antes ella pudo haber convocado al Pleno y
someter a votación una ley que suspenda el toque de queda. Sin embargo, no lo
hizo. “Nosotros no podemos cogobernar”, le reiteró Alva a Castillo.
El presidente, sin más que decir,
le cedió la palabra al primer ministro Aníbal Torres, quien explicó la razón de
haber declarado en emergencia a Lima y Callao. “La decisión se hizo por las
informaciones que teníamos, de que se iba a producir una convulsión social y
así ir a pedir la vacancia. Si vemos que ese peligro va desapareciendo, no
tenemos ninguna dificultad para derogar esa norma”, manifestó Torres. (La
República/Diego Quispe)

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