PERÚ LIBRE: SENTENCIADOS Y ACUSADOS BUSCAN OCUPAR GOBIERNOS REGIONALES
* Afanes peligrosos. El partido de
Vladimir Cerrón incluye a candidatos sentenciados por peculado y difamación,
acusados de encubrir violencia sexual, clanes familiares de corrupción y
maestros sancionados. Estos son los rostros con los que Perú Libre competirá en
las elecciones regionales 2022.
Perú Libre tiene en la mira a los gobiernos regionales. Para estas elecciones 2022, busca ocupar 23 de las 25 regiones del país; sin embargo, entre sus filas lleva a candidatos sentenciados o acusados por corrupción, violencia sexual, peculado y de no brindar información financiera sobre sus campañas.
El partido que ganó las
elecciones presidenciales el 2021 presenta 48 postulantes a gobernadores y
vicegobernadores regionales, quienes están agrupados en listas únicas —excepto
en Lima, donde figuran dos candidaturas—. Para este informe se consideró la
lista de precandidatos, debido a que la oficial se publicará en agosto.
SENTENCIADOS Y ACUSADOS
En Áncash, el aspirante a
vicegobernador Virgilio Leopoldo Huerta Jara fue sentenciado por peculado en
2002. Además, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sancionó a Huerta por no
brindar información sobre el financiamiento de su campaña. Él acompaña la candidatura
de Ana María Rueda López, quien se afilió este año, según el Registro de
Organizaciones Políticas del JNE.
Una situación similar se presenta
en Apurímac, donde Ynocencio Willer Taipe Huamaní aspira a ser del Gobierno
regional, aunque tuvo un proceso por omisión a la asistencia familiar. Pero
otra de las críticas hacia Taipe surge por su puesto como vicegobernador
durante el periodo de David Salazar Morote, exgobernador de la región
sentenciado a 3 años por irregularidades en la obra de saneamiento y desagüe en
Ongoy, en 2009. En ese suceso estuvo involucrada Nelly Callalli Caytuiro, quien
—de acuerdo con el medio regional Radio Titanka— es esposa de Taipe Huamaní.
Pero sus vínculos no terminan
allí. Su hermano Anastacio Taipe Huamaní ha sido procesado por delito de
peculado, con prisión suspendida de 3 años. En tanto, Jacinto Taipe Huamaní, su
otro hermano, figura como candidato para el municipio de Aymaraes. Ellos son
tíos de la actual congresista de Perú Libre Elizabeth Taipe Coronado.
En ese panorama, Jorge Jáuregui,
especialista en materia electoral, resalta que los dueños de las organizaciones
políticas deciden la oferta electoral y no necesariamente está regida por una
lógica democrática, motivo por el que existen listas integradas por amigos o
familiares. “Si hablamos de un partido así, estamos observando organizaciones
con un poder centralizado, caudillista, como si fueran empresas”, acota.
Del mismo modo, José Tello,
presidente del Instituto de Derecho Electoral, enfatiza en que los partidos o
movimientos regionales manejan y califican a sus candidatos, debido a que la
intervención del Jurado Electoral Especial se realiza después de las internas.
“No merecemos candidatos así”, agrega.
Existen otros delitos que rodean
a los candidatos de Perú Libre. El postulante al Gobierno Regional de Arequipa
Vladimir Huaranca fue denunciado por encubrir la violencia sexual que sufrió
una miembro del partido. El hecho ocurrió presuntamente en la fiesta de
cumpleaños del mencionado y aún está en investigación.
Por otro lado, en Ayacucho, Rosa
María Muñoz Pizarro lleva como vicegobernador a Julián Huamaní Flores, acusado
de negligencia administrativa en el desempeño de sus funciones como director
del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider).
En Cajamarca, la fórmula
electoral es liderada por Jorge Ramón Spelucín Aliaga, quien estuvo detenido en
el penal de Huacariz en 2015 tras ser juzgado con una prisión preventiva de 6
meses. Spelucín fue acusado de usurpación agravada y desobediencia a la
autoridad en paros indefinidos.
En Huancavelica, la candidata
Herlinda Betzabe Almidón Romero fue procesada por el Gobierno regional por la
presunta comisión del delito de peculado. Ella, junto con otros directores
educativos, debía ejecutar los gastos de mantenimiento de las instituciones
públicas; sin embargo, no realizó dicha acción ni tampoco rindió información
sobre los gastos.
En Lima existen dos listas. La
primera está conformada por Mariela Prado Linares, quien no cuenta con
historial partidario ni penal, y Víctor Vilca Uribe, condenado a 2 años de
prisión por difamación. La segunda incluye a Jorge Andrade Julca, sentenciado
por delitos contra el patrimonio. Él está acompañado de Ysabel Cabrel Nonato,
afiliada este año y sin antecedentes judiciales.
Jáuregui aclara que la norma no
prohíbe sus candidaturas debido a la presunción de inocencia. No obstante, su
presencia evidencia la falta de idoneidad y democracia al no optar por
candidatos sin antecedentes penales o judiciales.
SANCIONADOS
Existe un grupo de candidatos
que, si bien no cuenta con sentencias, ha sido criticado por ciertas
irregularidades en la ocupación de cargos públicos.
En Huancavelica, el aspirante a
vicegobernador Ángel Chancha Cabrera ya se desempeñó en el puesto de alcalde en
1995 y de director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de la región.
En este último obtuvo una sanción y un cese temporal por vulnerar el principio
de lealtad y obediencia, luego de que no acatara dos resoluciones emitidas por
el gerente regional de Huancavelica, con las cuales el Gobierno regional
cambiaba a dos funcionarios de la UGEL.
En Huánuco, la docente Mercedes
Ramos Villanueva fue denunciada en 2019 por los padres de familia por no
asistir a clases durante un mes. Ellos señalaron que la entonces maestra
priorizó realizar su campaña política. A ella la acompaña Harry Falcón Mallqui,
sancionado por el JNE tras no brindar información financiera acerca de su
campaña. Del mismo modo, Yeni Prado Cucho, candidata al Gobierno de Ica, fue
sancionada por el JNE por no indicar el financiamiento de su postulación.
Los especialistas coinciden
también en la importancia de brindar información sobre los financiamientos de
campaña, ya que define el escenario político. “En estas elecciones, por la
forma que ha establecido el Congreso, vamos a ver que se van a reproducir
gobernadores con tramas de corrupción”, sostiene Jáuregui.
Para el Gobierno de La Libertad,
Perú Libre presenta a Adolfo Valverde Calipuy, quien estuvo a favor de ampliar
la ley de formalización minera, la misma que fue cuestionada por favorecer la
minería ilegal. Incluso se reunió un grupo de congresistas para promoverla.
No obstante, hay dos postulantes
que buscaron ocupar cargos públicos en la gestión de Pedro Castillo. Este es el
caso de Julio Adolfo Iruri Dávila y Natalia Jiménez Velásquez, candidatos de
Puno y Tumbes, respectivamente. Iruri Dávila envió una carta al ministro de
Vivienda, Geiner Alvarado, en la cual se propuso para el viceministerio de la
cartera. Por su parte, Jiménez Velásquez fue designada directora de Provías
Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero fue cesada
por no cumplir con la experiencia solicitada.
Con una oferta electoral escasa,
Jáuregui enfatiza en la necesidad de mejorar el sistema electoral, el mismo que
es diseñado a medida del Congreso con las contrarreformas aprobadas. Además,
alega que el mecanismo de las elecciones internas se vio afectado tras la
suspensión de las primarias.
‘DINÁMICOSʼ ASPIRAN A CONTINUAR
EN JUNÍN
La cuna de Perú Libre no escapa
de las acusaciones. En Junín, el gobernador regional Fernando Pool Orihuela
Rojas, que ocupó el puesto tras la condena que recibió Vladimir Cerrón, busca
quedarse. Según la Fiscalía de Lavado, Orihuela presenta más de 10
investigaciones por delitos contra la administración pública, entre ellos por
el caso La Gran Familia, antecedente de ‘Los Dinámicos del Centro’. Según las
investigaciones fiscales, durante su gestión junto con Cerrón se favoreció con
contrataciones por más de 5,2 millones a empresas proveedoras que serían
miembros de la familia de Orihuela. El hecho presuntamente ocurrió en 2019. La
hipótesis fiscal señala también que el dinero se destinaba al partido Perú
Libre.
Fernando Pool Orihuela Rojas.
Candidato al Gobierno Regional de Junín. Cuenta con más de 10 investigaciones
contra la administración pública. Según investigación fiscal, junto con Cerrón,
Orihuela presuntamente benefició a su familia en contrataciones por 5,2
millones. Busca continuar en el cargo de gobernador. Foto: difusión
Fernando Pool Orihuela Rojas.
Candidato al Gobierno Regional de Junín. Cuenta con más de 10 investigaciones
contra la administración pública. Según investigación fiscal, junto con Cerrón,
Orihuela presuntamente benefició a su familia en contrataciones por 5,2
millones. Busca continuar en el cargo de gobernador. Foto: difusión
EL DATO
Candidatos por Lima. Las dos
listas que competían por Lima incluían a sentenciados en la gobernación y vicegobernación.
Uno de ellos era el aspirante Víctor Vilca Uribe, condenado a 2 años de prisión
por difamación. La segunda lista llevaba a Jorge Andrade Julca, sentenciado por
delito contra el patrimonio. (La República/ María de los Angeles Morales Isla)
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