UN CAMINO A LA PAZ: HACER POLÍTICA EN VEZ DE APELAR A REPRESIÓN
* La salida no es sencilla. El Gobierno
ha optado por una dura respuesta policial cuando lo que le piden políticos
regionales es apostar, en cambio, por una estrategia que privilegie la
negociación. Un paso previo clave: hay que pedir perdón.
El camino hacia la pacificación en el país no es sencillo. Exige gestos de ambos lados. Pero la iniciativa debería venir desde el Gobierno central (y, también, desde el Legislativo). Las personas consultadas coinciden en que se necesita lo siguiente: hacer política, desmilitarizar la estrategia y pedir perdón. Y, recíen ahí, intentar conversar.
En una interesante entrevista
concedida a la periodista Rosa María Palacios en su programa de Radio Santa
Rosa, el productor de Radio Onda Azul (Puno) Jaime Calapuja explicó que lo que
ha molestado a quienes se han volcado a las calles es, primero, que el Congreso
haya celebrado “como una clasificación a un mundial” la vacancia de Pedro
Castillo; luego, que se dijera desde el Ejecutivo —con la ayuda de los medios
de Lima— que las protestas eran subvencionadas por narcotraficantes,
contrabandistas y terroristas. Pero lo peor, dijo Calapuja, fue aquella versión
según la cual hay infiltrados bolivianos en territorio peruano y que Puno se
encuentra en un proceso de “bolivianización”. " No sé de dónde salió esa
información y ahí falló el servicio de inteligencia porque quienes se organizan
son comunidades quechuas y aymaras”, advirtió.
Como se ve, la interpretación que
se le da desde Lima a lo que ocurre en el sur está lejos de ser precisa.
La República le consultó al
gobernador de Puno, Richard Hancco, qué se podía hacer para impulsar un
diálogo. Respondió con claridad: que desde el Gobierno central y desde un
sector del Congreso dejen de tildar a los manifestantes de terroristas o de ser
financiados por el narcotráfico. Además, añadió que como gesto básico debería
pedirse disculpas.
De hecho, el gobernador indicó que
no existen, en estos momentos, condiciones para que la región se siente en la
mesa con la presidente Dina Boluarte, mientras el Gobierno continúa con
actitudes a las que calificó de prepotentes.
“Cualquier poblador está
indignado con el premier, Alberto Otárola, que piensa que el aeropuerto tiene
mayor importancia que la vida”, indicó.
Por su parte, el exgobernador de
Cusco Jean Paul Benavente consideró que, para el inicio de un diálogo, el
Congreso debe adelantar las elecciones para este año y conformar una comisión
de reconciliación desde el Acuerdo Nacional, integrada por representantes de la
iglesia, colegios profesionales, centrales de trabajadores, agricultores,
universitarios, empresarios, autoridades regionales y locales e instancias como
la Defensoría del Pueblo.
“Así vaya el premier o la
presidenta, no van a encontrar una respuesta favorable a esta intención de
diálogo”, aseveró.
La idea para Benavente es que en
esta comisión se trate el adelanto de elecciones inmediatas, se explique el
proceso de sucesión de la presidenta Boluarte, se llegue al compromiso de
suspender el estado de emergencia y que, mientras cesen las protestas, el
Ejército solo se repliegue a proteger los activos críticos como aeropuertos.
Añadió que en ese diálogo debería
incorporarse una agenda que incluya las demandas de cada región. Sin embargo,
reconoció que, hoy, las condiciones para un diálogo han cambiado en comparación
con diciembre del 2022 porque la población no solo está desatendida, sino que
“lo único que encuentra es una postura confrontacional, amenazante, en vez de
resolver la crisis políticamente”.
Benavente advirtió que en Cusco
se movilizarán más de 20.000 personas y mostró su preocupación de que la
situación no pueda ser controlada, como en Puno.
Hacer política es un camino
viable a la paz. El problema es que eso es muy dificil cuando los liderazgos
carecen de legítimidad.
PROPONE 2 SEMANAS DE CALMA PARA
RETOMAR EL RUMBO
El expresidente Francisco Sagasti
propuso 2 semanas de calma por parte de los colectivos e instituciones
involucradas en los trágicos conflictos. Dijo que es imperativo abstenerse de
dar medidas que agudicen la crisis.
Indicó que corresponde al Consejo
de Estado señalar el rumbo para encontrar opciones viables y urgentes para
superar la crisis política, social y de los derechos humanos. Recalcó que se
deben incorporar a los gobernadores regionales.
Formuló que sea el Consejo
Interreligioso la entidad encargada del proceso de escuchar las demandas de la
población para canalizarlas al Consejo de Estado, que tendría la
responsabilidad de encontrar respuestas viables.
Pidió al Congreso aprobar
reformas electorales mínimas y abstenerse de aprobar leyes de intereses
particulares. Afirmó que las autoridades deben asumir su responsabilidad
política por los fallecidos. (La República/ Pamela Palacios,Enrique Patriau)
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