NINGÚN PARTIDO POLÍTICO HA SIDO SANCIONADO POR MAL USO DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO
* Asegura asociación civil Vigilancia
Ciudadana.
La Asociación Civil Vigilancia
Ciudadana dio cuenta de que, a la fecha, no existen partidos políticos que
hayan sido sancionados por un mal uso del financiamiento público directo que
perciben, pese a haberse detectado irregularidades.
"No existe un partido
sancionado por un mal uso del financiamiento público directo y eso nos está
diciendo que algo hay que ajustar en los procedimientos", dijo Margarita
Díaz, directora ejecutiva de la ONG, durante el evento "Herramientas de
investigación del financiamiento público directo a partidos políticos: casos
concretos".
La asociación alertó que aún
existe discrecionalidad en el uso del financiamiento público, lo que causa que
se tenga mayor dificultad para constatar los gastos, compras, contrataciones u
otros que se declaran ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
"En todos los casos
lamentablemente encontramos deficiencias en el manejo de los recursos",
añadió.
Díaz señaló que no existen
parámetros en las contrataciones como establecer un tope máximo a los pagos que
se realicen a proveedores de servicios.
En cuanto a casos concretos,
indicó que Perú Libre destinó más de S/ 129,000 durante el 2022 al líder de su
partido, Vladimir Cerrón, pese a haber sido condenado por corrupción. Del mismo
modo, Fuerza Popular, contrató con procesados por lavado de activos.
También se dio cuenta de
documentos ilegibles de Renovación Popular que la ONPE sí ha considerado como
"presentado", pese a que la información sobre la rendición de cuentas
no se puede leer.
Por otro lado, Somos Perú
adquirió un vehículo por más de US$ 30,000 con el financiamiento público,
además de haber contratado un solo proveedor por casi S/ 1 millón.
Mientras que Podemos Perú y
Partido Morado contrataron con quienes fueron sus candidatos en recientes
comicios. Avanza País contrató con empresas encargadas de brindar
capacitaciones pero que fueron constituidas solo meses o semanas antes de que
se dicten los servicios. Asimismo, se verificó que las direcciones de dichas
compañías no son exactas dado que operan otros negocios.
"Esto es un caso que merece
ser reflexionado para una mejora normativa, para una mejor capacitación a los
partidos en asistencia técnica, para que puedan gastar mejor los recursos e
invertirlo para que realmente pueda dar resultados", puntualizó Díaz.
(Andina)
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