CAÑETE: FUNCIONARIOS DE LA GESTIÓN DE EXALCALDE DE CHILCA ALFREDO CHAUCA CONTRATARON A PROVEEDORA SANCIONADA E INHABILITADA

·      * Lily Rocío Alan Suarez, tenía sanciones vigentes y no cumplía con el perfil mínimo requerido para ser contratada en el cargo.

Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chilca durante el período del año 2022 de la gestión del exalcalde Alfredo Chauca Navarro, contrató a proveedora sancionada, por un monto total de S/. 40 000,00 situación que afecta el principio de integridad en las contrataciones del Estado, así como la legalidad y transparencia que debe regir las actividades de la administración pública.

Se trata de Lily Rocío Alan Suárez quien fue requerida para realizar el Servicio de Asesoría Especializada en Gestión Pública y Legal en materia de Contrataciones del Estado, para la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial.

Se sindica responsabilidad administrativa y penal a los funcionarios y trabajadores de entonces: Denis Paul Fernández Luna (Gerente de Administración y Finanzas) , Hugo Enrique Peña Torres (Subgerente de Contabilidad), Anais Marina Marroquín Casavilca (Subgerente de Tesorería), , Diomedes Martin Rueda Moreno (Subgerente de Logística y Control Patrimonial), Pablo Cesar Ricardo Campos (Técnico Administrativo en la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial) y Javier Alonso Navarro Huambachano (Asistente Administrativo en la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial).

Así lo indica la Contraloría General de la República en su Informe de Control Específico N° 054-2024-2-0430 – SCE fechado el pasado 18 de junio del año en curso.

El órgano contralor ha recomendado al actual alcalde Félix Choquehuanca Quezada, realizar las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chilca, comprendidos en los hechos observados del Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia (Conclusión Única).

De igual forma, a hecho de conocimiento a la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Cañete, de los hechos y hallazgos detectados, para que pueda dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios públicos y locadores de servicios comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.

Los involucrados tendrán que responder por haber contratado a una persona con sanción penal de inhabilitación y con sanción disciplinaria de destitución, a pesar que tenían la obligación de verificar en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) la condición del personal antes de su contratación; aunado a ello la persona contratada para prestar servicios no acreditaba cumplir los requisitos mínimos de acuerdo a los términos de referencia para el cargo.

Asimismo, la proveedora aun sabiendo su condición de inhabilitada, aceptó prestar servicios en reiteradas ocasiones durante el período del año 2022, donde presentó y suscribió una Declaración Jurada informando que cumplía con los requisitos y no tener impedimento para contratar con el Estado. (LÍNEA DIRECTA/ELARQUIM)

* VER INFORME COMPLETO DE CONTRALORÍA:

https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?

CRES_CODIGO=2024CPO043000054&TIPOARCHIVO=ADJUNTO

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