MATUCANAZO: EL JUEZ DE ROSA VÁSQUEZ CUADRADO
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La actuación del magistrado Roberto Carlos De la Cruz Escalante en el juicio conocido como “El Matucanazo” es por decirlo menos, sospechosa, ya que ha decido tomar una postura defensiva frente a la acusación fiscal, lo que lo aleja de la imparcialidad.
EL JUICIO
El juicio continúa. La Fiscalía
Anticorrupción imputa a la gobernadora Rosa Vásquez el delito de peculado
doloso por presuntas irregularidades vinculadas a la obra “Centro Cívico de
Matucana”. Se solicita 9 años y 5 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación
y días-multa contra la gobernadora.
Además, se formula pretensión
resarcitoria por S/ 4.3 millones, compuesta por S/ 1.3 millones de daño
patrimonial (perjuicio económico a la entidad) y S/ 3 millones por daño
extrapatrimonial, a pagarse solidariamente por los acusados.
La acusación alcanza también a
Walter José Tovar Macutela (ingeniero civil) y a Constantino Javier Ventura
Morote (administrador), como coautores de peculado; para Tovar y Ventura, la
Fiscalía añade el delito de falsificación de documento público. La etapa de
juzgamiento se sigue el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate (CSJ Lima
Este) —integrado, entre otros, por Roberto Carlos De la Cruz Escalante.
JUEZ SUSPENDIDO Y ABSUELTO
El Órgano de Control de la
Magistratura – OCMA, a través de la Resolución N.° 25, 14/03/2023 sancionó al
juez Roberto Carlos De la Cruz Escalante con tres meses de suspensión por
tolerar un patrón de reprogramaciones, notificaciones mal hechas y ausencia de
apremios en el Exp. N.° 00201-2014-39-2901-JR-PE-02.
En apelación, el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial (CE-PJ) —sesión del 21/02/2025; declaró infundada
su excepción de prescripción, pero revocó la suspensión y lo absolvió, bajo un
argumento formalista: la supervisión de especialistas y notificaciones no sería
del juez, sino del Administrador del Módulo Penal.
Este mensaje corrosivo desplaza
la responsabilidad hacia abajo mientras el conductor del proceso queda blindado
frente a la inercia que él mismo debe corregir. El propio expediente
disciplinario, además, culmina con destitución del auxiliar Luis A. Recuay
Navarro por cobros indebidos en la Sala Mixta de Pasco, evidenciando un entorno
contaminado. Que el juez De la Cruz haya intentado, además, hacer valer la
prescripción del procedimiento alimenta el incentivo de “estirar” casos hasta
dejarlos morir. Finalmente la decisión premia el formalismo y castiga al
eslabón bajo, debilitando el deber de dirección, celeridad y tutela efectiva
contra la corrupción.
Fuente: Investigación Definitiva
N.° 3437-2018-Pasco (CE-PJ, 21/02/2025) y Resolución N.° 25 (OCMA, 14/03/2023).
JUEZ RESPONSABILIZA A LA VÍCTIMA
El 4 de diciembre del 2020, el
juez Roberto Carlos De la Cruz Escalante emitió una sentencia que generó
profunda polémica y cuestionamientos. Se trata del proceso seguido bajo el
Expediente N.° 00122-2020-0-3208-JR-PE-01, en el cual se juzgaba la difusión no
consentida de imágenes íntimas, tipificada en el artículo 154-B del Código
Penal.
Pese a tratarse de un delito de
violencia digital con graves impactos en la dignidad y privacidad de las
víctimas, el magistrado decidió absolver penalmente a la querellada, aunque a
la vez le impuso una reparación civil de S/ 3,000, configurando una contradicción
evidente.
La motivación del magistrado
introduce la idea de “autopuesta en peligro”, trasladando la culpa a la víctima
porque habría enviado el material por error vía WhatsApp, lo cual equivale a
responsabilizarla del delito cometido contra ella misma. Además, sostiene que
el tipo penal sancionaría solo la “primera difusión”, dejando impunes a quienes
re-comparten el material, una interpretación sin sustento legal. Esta sentencia
carece de perspectiva pro-víctima y de género, omite diligencias técnicas para
esclarecer la trazabilidad digital y termina normalizando la viralización no
consentida de imágenes íntimas y culpabiliza a la agraviada.
El fallo de este juez no solo
parece jurídicamente débil y contradictorio, sino que también retrocede en la
protección de derechos fundamentales en un contexto donde la justicia debería
ser firme y garantista frente a la violencia digital.
UN JUEZ QUE SE COMPORTA COMO
ABOGADO DEFENSOR
La actuación del juez Roberto
Carlos De la Cruz Escalante en el caso de la gobernadora Rosa Vásquez despierta
serias dudas sobre su imparcialidad. En la audiencia cuya transcripción hemos
revisado, se observa cómo el magistrado abandona el rol de árbitro neutral para
asumir un papel casi defensivo en favor de la acusada. Lejos de limitarse a
garantizar el orden y la legalidad del debate, cuestiona reiteradamente los
fundamentos de la fiscalía, llegando incluso a interrumpir y poner en tela de
juicio la pertinencia de los cargos.
Sus intervenciones no buscan
esclarecer hechos en beneficio del tribunal, sino socavar el trabajo del
Ministerio Público, como si se tratara de un abogado defensor. En un proceso
donde están en juego más de 4.3 millones de soles de perjuicio al Estado, este
comportamiento resulta alarmante, pues erosiona la confianza ciudadana,
proyecta una imagen de indulgencia hacia la corrupción y deja abierta la
sospecha de que el magistrado favorece a la gobernadora en vez de cumplir su
deber de impartir justicia con objetividad.
LO QUE VIENE
En el próximo informe
presentaremos un análisis detallado de las intervenciones del juez durante las
audiencias, citando textualmente sus preguntas y observaciones dirigidas a la
fiscal.
Pondremos bajo la lupa esas
expresiones para mostrar cómo, en vez de buscar esclarecer, parecen alinearse
con la estrategia de defensa de la gobernadora Rosa Vásquez. Esto permitirá al
público apreciar con claridad el presunto sesgo que contamina el proceso y
entender por qué la imparcialidad judicial está seriamente comprometida en este
caso. (CONTRA PODER)
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