PIERO CORVETTO: PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN SOLICITA INCLUIRLO COMO INVESTIGADO
* El pedido alcanza a altos
funcionarios de la ONPE y a gerente de la empresa Galaga por presunta
corrupción en la contratación del transporte de material electoral.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Ministerio Público incorporar al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como funcionarios vinculados a las áreas administrativa, logística y de gestión electoral del organismo electoral en la investigación preliminar por el presunto delito de colusión agravada en la contratación del servicio de transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026.
El pedido, dirigido a la Segunda
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Lima, plantea no solo extender las diligencias, sino también
precisar los hechos e identificar a nuevos implicados en el caso, a raíz de las
graves irregularidades registradas durante la jornada electoral del pasado 12
de abril.
En la solicitud se incluye a Juan
Charles Alvarado Pfuyo representante de la empresa Servicios Generales Galaga
S.A.C., que participó en el proceso de contratación, así como a otros altos
funcionarios de la ONPE, como Edward Eloy Alarcón González, gerente de
Administración de la ONPE; José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión
Electoral; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral; y
Yuvitza Milagros Aguilar Ticona, subgerente de Logística.
De acuerdo con el documento, las
presuntas irregularidades estarían relacionadas con el servicio de transporte
de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material electoral,
equipos informáticos y otros implementos utilizados durante la jornada de
votación.
Como parte de las diligencias
solicitadas, la Procuraduría pide tomar declaraciones a los investigados,
recabar el expediente completo de contratación, revisar las propuestas de las
empresas postoras y obtener información sobre los funcionarios responsables del
proceso electoral.
Asimismo, se plantea acceder a
reportes de monitoreo GPS de los vehículos utilizados, realizar una pericia
contable para determinar un posible perjuicio económico al Estado y solicitar
el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los implicados, con el
fin de identificar eventuales coordinaciones indebidas.
El organismo también requirió
información a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)
sobre los bienes de los investigados, en el marco de las acciones orientadas a
esclarecer los hechos.
La Procuraduría sostiene que
estas diligencias son necesarias para determinar si existió concertación entre
funcionarios y privados en el proceso de contratación, lo que configuraría un
delito contra la administración pública. (PERÚ 21/ Luis Villanueva)
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