LA VICTORIA: ALLANAN CASA DEL ALCALDE DISTRITAL Y DETIENEN A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
* En el marco de una investigación por presuntos cobros de cupos a comerciantes ambulantes.
La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público allanaron esta madrugada la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, y detuvieron a varios funcionarios municipales, en el marco de una investigación por presuntos cobros de cupos a comerciantes ambulantes y corrupción al interior de la Municipalidad de La Victoria.
Carlos Angelino Córdova, fiscal
adjunto provincial de Lima, indicó que la medida forma parte de un operativo
ejecutado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la División de
Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP.
El operativo permitió, además, la
detención preliminar por 15 días de 14 presuntos integrantes de la organización
criminal denominada “Los Pulpos de La Victoria”.
Según la investigación fiscal,
esta red criminal habría operado desde el año 2023 enquistada en el área de
fiscalización del municipio victoriano, desde donde se organizaban operativos
de recuperación de espacios públicos en zonas comerciales de Gamarra,
principalmente en el Damero A y B, para luego lotizar esos espacios y venderlos
nuevamente a comerciantes ambulantes.
De acuerdo con las pesquisas, los
ambulantes debían pagar entre 1,000 y 5,000 soles por acceder a un puesto
informal, además de cuotas semanales y pagos diarios de entre 10 y 20 soles,
dependiendo del tamaño del espacio ocupado.
La Fiscalía estima, tras una
pericia contable, que la presunta organización habría recaudado cerca de 75
millones de soles mediante este sistema ilegal.
Las investigaciones también
alcanzan al gerente de Fiscalización, al subgerente de Fiscalización de Rentas
y al jefe del Centro de Comunicaciones de la Municipalidad de La Victoria,
quien habría tenido a su cargo la recopilación y análisis de las imágenes de
las cámaras de seguridad del distrito.
Precisamente, uno de los
elementos que llamó la atención de la Fiscalía fue la desaparición parcial de
grabaciones de video cuando se realizaban revisiones tras operativos policiales
y denuncias ciudadanas.
Al acudir al centro de monitoreo
municipal, los investigadores detectaron que no existía el material completo de
determinados días y horarios en los que aparecían presuntos fiscalizadores
involucrados en el cobro de cupos.
Según la tesis fiscal, la
organización criminal actuaba bajo una estructura coordinada. Primero se
ejecutaban operativos de desalojo de ambulantes, luego se liberaban y dividían
los espacios intervenidos y finalmente estos eran revendidos a los comerciantes,
quienes quedaban sometidos a un régimen permanente de pagos.
En el caso del alcalde Rubén
Cano, la Fiscalía sostiene que habría facilitado el ingreso de determinadas
personas al área de fiscalización de la municipalidad en coordinación con
funcionarios de confianza.
Sin embargo, el Poder Judicial
rechazó el pedido de detención preliminar en su contra y solo autorizó el
allanamiento e incautación de bienes y documentos en su vivienda como parte de
la investigación.
Los detenidos fueron trasladados
a la sede de la Prefectura de Lima mientras continúan las diligencias.
Asimismo, el Ministerio Público informó que se detectaron presuntos desbalances
patrimoniales entre algunos funcionarios municipales, luego del levantamiento
del secreto bancario y el análisis de sus cuentas financieras.
El presunto cabecilla de la
organización criminal fue identificado como Juan Manuel Núñez Castro, alias
“Pulpo”, quien fue capturado durante el operativo. Según la investigación, el
sujeto salió de prisión en 2014 y posteriormente habría integrado diversas
bandas dedicadas al cobro de cupos en La Victoria.
La Fiscalía señaló que esta nueva
organización tendría similitudes con la estructura criminal de “Los Intocables
Ediles”, red investigada años atrás por extorsiones y cobros ilegales en
mercados y zonas de comercio ambulatorio del distrito.
Las autoridades indicaron que
cuentan con audios, imágenes y otros elementos de convicción que comprometerían
a los investigados en el presunto delito de extorsión y corrupción dentro de la
administración municipal, e incluso algunos casos de homicidio. (ANDINA)
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