"LÍNEA DIRECTA" con Eladio Quispe

CONTRALORÍA DETECTÓ GRAVES FALLAS EN EL TRANSPORTE DE MATERIAL ELECTORAL EN EL INTERIOR DEL PAÍS

* ONPE contestó que cada oficina descentralizada viene resolviendo los problemas y que el despliegue del material se viene desarrollando de acuerdo con la planificación establecida.

A escasas horas de que se lleve a cabo la Segunda Elección Presidencial 2026, la Contraloría General de la República dio a conocer una serie de informes emitidos entre el 3 y 4 de junio  que un alarmante número de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) arrastra graves retrasos, desorganización e informalidad en la contratación del transporte terrestre indispensable para distribuir y recoger las ánforas y actas electorales.

El Plan Operativo Electoral establecía que estos contratos debían estar cerrados de forma obligatoria entre el 18 y el 27 de mayo. Sin embargo, las inspecciones de la Contraloría revelan una realidad preocupante que pone en riesgo el normal desarrollo de la jornada y el derecho al voto de miles de ciudadanos.

FALTA DE PRESUPUESTO Y CONTRATOS FANTASMAS:

Uno de los hallazgos más alarmantes se ubica en Arequipa, donde la ODPE regional no había iniciado la contratación de transporte a solo tres días de los comicios. ¿La razón? Se quedaron sin saldo presupuestal y solicitaron una transferencia de fondos de emergencia a la sede central de la ONPE; sin embargo, los auditores descubrieron que en el sistema de seguimiento el documento figuraba como "No leído" desde el 31 de mayo. Una negligencia burocrática que congela la operatividad en el sur.

Una crisis financiera similar paralizó a la ODPE Víctor Larco Herrera (La Libertad), entrampada por la falta de certificación presupuestaria para el despliegue. Por su parte, la ODPE Coronel Portillo (Ucayali) llevó la crisis al límite de la ilegalidad: al no tener presupuesto ni órdenes de servicio al 2 de junio, el día 3 iniciaron el traslado de material electoral hacia la localidad de Saweto de forma completamente informal, utilizando vehículos cuyos choferes no tenían un solo documento que respaldara legalmente el traslado de la carga.

PROVEEDORES SIN PAPELES Y PLAZOS VENCIDOS:

El patrón generalizado en las regiones examinadas es la ausencia de contratos formalizados. En Mollendo (Arequipa), el postor ganador pidió una ampliación de tres días que ya venció y el contrato de repliegue sigue en el aire. En Chota (Cajamarca), Pasco, Camaná, Condesuyos, El Tambo (Junín) y Tambopata (Madre de Dios), los procesos están desfasados del cronograma oficial, con órdenes de servicio emitidas pero sin contratos perfeccionados, comprometiendo las fechas límite para que el material de sufragio llegue a las provincias.

En Jauja (Junín) y la ODPE Mariscal Cáceres (San Martín), la situación se entrampó debido a que los proveedores seleccionados simplemente no presentaron la documentación obligatoria (como la relación de vehículos y conductores) dentro de los plazos fijados por la ley.

NEGLIGENCIA EN LOS TDR: CHOFERES CON MENOR EXPERIENCIA Y DATOS FALSOS:

La fiscalización también detectó que algunas ODPE bajaron escandalosamente la valla de los requisitos técnicos con tal de conseguir transportistas a última hora, arriesgando la seguridad del material electoral.

ODPE La Esperanza y Trujillo (La Libertad): Modificaron los Términos de Referencia (TDR) estándar para permitir conductores con licencias de menor categoría (A-I en vez de A-II), redujeron la experiencia mínima exigida de dos años a solo uno, y omitieron pedir declaraciones juradas que descarten que los vehículos tengan órdenes de captura.

ODPE Pacasmayo (La Libertad): Se detectaron indicios de posibles sobrepagos. La proveedora asignada ofertó un plazo plano de "dos horas" para el repliegue de actas de todos los locales, ignorando por completo las distancias geográficas reales de los distritos.

Huaytará (Huancavelica) y San Martín: En estas jurisdicciones se llegó a firmar contratos violando las propias bases. En Huaytará se aceptó un vehículo sin revisión técnica vigente, mientras que en San Martín se aprobaron expedientes de 6 rutas comerciales a los que les faltaban certificados de antecedentes penales de los choferes y cuyas inspecciones vehiculares estaban vencidas.

ONPE RESPONDE:

La oficina de prensa de la ONPE contestó que las situaciones advertidas por la Contraloría en algunas regiones corresponderían a aspectos administrativos que estarían siendo atendidos y resueltos por cada oficina descentralizada de acuerdo con sus competencias.

Y que de acuerdo con la información reportada por las ODPE el despliegue del material se viene desarrollando de acuerdo con la planificación establecida, garantizándose el cumplimiento de las actividades necesarias para un adecuado desarrollo del proceso electoral. (PERÚ 21/ Fernando Lino Cruz)