PLANTEAN LIBERAR A PRESOS CONDENADOS POR DELITOS MENORES
* Ministerio de Justicia busca
reducir sobrepoblación en cárceles. El plan contempla evaluar miles de casos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) presentó un plan de deshacinamiento penitenciario que contempla la evaluación de miles de internos condenados por delitos menores con el objetivo de aliviar la sobrepoblación en las cárceles del país.
La iniciativa incluye la revisión
de la situación de personas sentenciadas por omisión de asistencia familiar,
quienes podrían acceder a su excarcelación como parte de las medidas previstas
para reducir la presión sobre el sistema penitenciario.
La propuesta figura dentro del
Plan de Deshacinamiento 2026-2028 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y considera la asistencia legal para internos primarios condenados por delitos
de menor lesividad.
Además, el programa prevé evaluar
a 24,739 personas privadas de libertad y someter más de cinco mil expedientes a
un proceso de análisis que permita determinar si corresponde revisar su
situación judicial.
Sin embargo, la iniciativa
despertó cuestionamientos sobre las consecuencias que tendría para quienes
esperan el cumplimiento de obligaciones económicas derivadas de las sentencias.
El exjefe del Instituto Nacional
Penitenciario (INPE), German Small, expresó sus reparos respecto a la
posibilidad de liberar a personas condenadas por omisión de asistencia familiar
sin garantizar previamente el pago de las pensiones adeudadas.
“El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (Minjusdh), de buena intención, quiere sacar gente de la
cárcel. Sí, ¿pero qué dice la otra parte? ¿Qué dice la familia? ¡Lo pones en
libertad sin que me paguen!”, cuestionó el exfuncionario, al advertir que la
medida podría dejar sin respuesta a quienes aún reclaman el cumplimiento de
esas obligaciones.
Como alternativa, Small planteó
la creación de un establecimiento penitenciario especializado para este tipo de
condenados. Según explicó, un penal con condiciones para desarrollar
actividades laborales permitiría que los internos generen ingresos destinados
al pago de las pensiones alimenticias pendientes.
“Es cierto que hay más de 2,300
internos por omisión de asistencia familiar, que yo considero que, en todo
caso, deberían tener un establecimiento penal especial donde trabajen todos
ellos y paguen el monto de los alimentos dejados de cubrir”, sostuvo.
El exjefe del INPE también
advirtió que la sobrepoblación penitenciaria alcanza el 152 % a nivel nacional,
una situación que, según afirmó, limita la capacidad del sistema para
desarrollar programas efectivos de rehabilitación.
“El hacinamiento carcelario
impide de alguna forma poner en práctica las acciones rehabilitadoras en el
campo penitenciario”, manifestó al referirse a las dificultades que enfrentan
los establecimientos penitenciarios.
Respecto al procedimiento
planteado por el Ministerio de Justicia, Small consideró que todavía falta una
mayor coordinación entre el Minjusdh y el INPE para ejecutar las medidas
previstas.
Explicó que el instituto
penitenciario remitirá cinco mil expedientes, aunque señaló que una eventual
liberación dependería de decisiones judiciales que permitan revisar sentencias
y casos de prisión preventiva.
“El INPE remitirá 5,000
expedientes ¿para qué? Esto significaría que se dé alguna disposición o alguna
normativa que determine que el Poder Judicial revise sus sentencias, revise las
prisiones preventivas a efectos de que mucha gente pueda salir de los establecimientos
carcelario”, afirmó durante una entrevista concedida a Panamericana.
El especialista también se
refirió a las obras contempladas dentro del plan oficial para ampliar la
infraestructura penitenciaria mediante el reacondicionamiento de
establecimientos en Iquitos, Abancay, Pucallpa y Loreto. No obstante, alertó
que las promesas de construir nuevos penales continúan pendientes.
“En Loreto, una capacidad de
3,200 internos que podrían mejorar la sobrepoblación carcelaria, pero no hay
establecimientos penales nuevos, como inicialmente se ofreció el penal de
Arequipa y el penal de Ica”, indicó.
Mientras tanto, el hacinamiento
sigue creciendo y mantiene el desafío de encontrar soluciones que combinen la
reducción de la sobrepoblación con el respeto a los derechos de las víctimas y
el cumplimiento de las sentencias. (EXPRESO/Gustavo Calderón)
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