INCOMPETENCIA TAMBIÉN ES CORRUPCIÓN: EL RIESGO OCULTO TRAS NOMBRAR FUNCIONARIOS SIN CAPACIDAD
* Su posicionamiento en América
Latina.
Una corrupción silenciosa destruye la administración pública sin desviar fondos directamente porque colocar a personas incapaces al frente de entidades estratégicas causa un deterioro interior profundo.
Cuando la lealtad política
reemplaza al mérito, la administración pública pierde la capacidad para
resolver problemas.
Este fenómeno se convirtió en una
constante en buena parte de América Latina. Los cambios de gobierno suelen
impulsar una renovación masiva de funcionarios para distribuir cuotas de poder
entre partidos, aliados y grupos de interés.
Esta práctica reduce la calidad
de las decisiones públicas, retrasa proyectos, incrementa los errores
administrativos y desperdicia recursos.
La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sostiene que los servicios
civiles profesionales fortalecen la confianza ciudadana y aumentan la capacidad
del Estado para enfrentar crisis complejas.
En cambio, la politización de la
administración pública debilita las instituciones. Designar deliberadamente a
una persona sin las competencias requeridas constituye una forma de corrupción
institucional, pues el interés particular sustituye al interés general.
Asimismo, quien acepta dirigir
una institución sabiendo que carece de los conocimientos y la experiencia
necesarios también incumple un deber ético.
La función pública no puede
convertirse en un espacio de aprendizaje improvisado cuando las decisiones
afectan la seguridad, la economía, la salud o la vida de millones de personas.
Como advertía el sociólogo Max
Weber, la política exige una "ética de la responsabilidad" donde
gobernar implica asumir decisiones con pleno conocimiento de sus consecuencias.
El problema adquiere mayor
gravedad ante el avance del crimen organizado transnacional. Las organizaciones
criminales prosperan allí donde encuentran instituciones débiles y autoridades
sin capacidad técnica.
Ninguna afinidad política o buena
voluntad sustituye al liderazgo y al conocimiento especializado.
Un ministerio mal dirigido puede
paralizar inversiones, deteriorar servicios básicos y profundizar la
desconfianza en las instituciones. Por ello, la historia demuestra que los
países con administraciones públicas profesionalizadas resisten mejor las
crisis políticas y económicas.
La reforma exige consolidar un
servicio civil meritocrático, fortalecer los concursos públicos, blindar los
cargos técnicos frente a las presiones políticas y establecer mecanismos de
evaluación.
Cuando el mérito guía el acceso
al servicio público, las instituciones recuperan credibilidad y el Estado gana
eficacia. (EXPRESO)
Comentarios
Publicar un comentario