INVESTIGADOS POR CORRUPCIÓN AFINES A VLADIMIR CERRÓN EN EQUIPOS DE TRANSFERENCIA
*Vigilancia. Listas iniciales de
los equipos de transferencia que presentó el partido Perú Libre incluyen
nombres de personas muy cercanas a Cerrón y que tienen investigaciones por
delitos que van desde malversación hasta colusión y cohecho.
Al menos diez personas cercanas a Vladimir Cerrón que fueron incluidas en las listas iniciales para acompañar las transferencias en las distintas carteras ministeriales reportan investigaciones fiscales por presunta corrupción, según fuentes del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción.
La información cobra relevancia
si se tiene en cuenta que varios de los personajes que participaron en los
procesos de transferencia son voceados para asumir cargos viceministeriales o
determinadas asesorías.
EL SECTOR SALUD
Según el registro de visitas del
Ministerio de Salud, el médico Edgar Aranda Huincho ingresó hasta en tres
oportunidades a dicha institución, en su condición de integrante del equipo de
transferencia de Perú Libre. Los días 2 y 4 de agosto cumplió labores casi a
tiempo completo.
Se trata de un personaje de mucha
confianza del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón. En la región Junín,
llegó a ocupar el cargo de director regional de Salud, durante la primera gestión
de Perú Libre.
Ya en la segunda gestión, a
partir del 2019, volvió a ocupar cargos: condujo el hospital El Carmen de
Huancayo y asumió luego la dirección de la Red de Salud de Tarma.
De hecho, su paso por estos
cargos también dio lugar al inicio de investigaciones fiscales en su contra por
presuntos actos de corrupción.
Tiene tres investigaciones. Un
primer caso es por colusión: se le atribuye participación en presuntos actos de
concertación en procesos de adjudicación simplificada, por 1.4 millones de
soles.
La segunda investigación es por
negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El caso tiene
que ver con la compra de 200 unidades de desinfectantes a 75 soles, sin incluir
en el expediente la cotización de una empresa que ofertaba un costo menor (35
soles). Esto, en la Red de Salud de Tarma.
La tercera es por presunto
peculado. En su gestión se habría aprobado un incremento remunerativo de manera
irregular para el director del hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, a pesar de
existir informes técnicos que advertían que no se contaba con la certificación
presupuestal.
Otro que fue acreditado para el
proceso de transferencia en el sector salud es Percy Saúl García Romero, un
militante de Perú Libre que también estuvo a cargo de la dirección del hospital
Daniel Alcides Carrión de Huancayo. En su contra hay tres investigaciones
fiscales.
En un caso se le atribuye
participación en presuntas irregularidades para la adquisición de equipos
biomédicos para el hospital regional docente Daniel Alcides Carrión. En esta
gestión también se habrían producido otras anomalías en procesos de
adquisiciones y contrataciones, razón por la cual es investigado por
negociación incompatible.
Una segunda investigación es
también por negociación incompatible y malversación, pues en diciembre del
2016, cuando era alcalde del distrito de San Agustín de Cajas, su gestión
adquirió un vehículo recolector de basura que hasta la fecha no funciona.
La tercera investigación en su
contra es por peculado y colusión agravada. Los hechos tienen que ver también
con su gestión como alcalde. Según un denunciante, García Romero firmó un
convenio con el Programa Trabaja Perú y existe una liquidación con montos que
no fueron rendidos por la suma de 94.028 soles.
VIVIENDA
Perú Libre también acreditó como
responsable a Gabriel Enrique Calderón Ponce en la lista inicial de
transferencia del ministro Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Durante la primera gestión de
Vladimir Cerrón al frente del Gobierno Regional de Junín (2011-2014), Calderón
Ponce cumplió funciones como subgerente de estudios. En su perfil en la
plataforma Linkedin, atribuye dicha designación a Servir.
Según información de la
Procuraduría Anticorrupción y la Fiscalía, tiene cinco investigaciones en
curso.
En una carpeta se reporta su
participación en actos de fraccionamiento para la contratación de profesionales
para la formulación de un expediente técnico de una obra vial en Tarma. Para
tal fin, se habrían entregado fondos intangibles para gastos ajenos al
contrato. Por este hecho se le investiga por negociación incompatible.
La segunda investigación en su
contra es por colusión agravada, por haber evitado la resolución de un contrato
con una empresa y no ejecutó la garantía.
Hay una tercera investigación por
presunta malversación, pues el gobierno central destinó una partida de más de
11 millones de soles para la construcción y equipamiento del hospital de
Chanchamayo, pero los fondos fueron destinados a otras obras.
La cuarta investigación es por
colusión agravada. Se le atribuye una presunta concertación con contratistas,
pues se hizo un estudio de preinversión sin la verificación previa del
saneamiento físico legal de un terreno. Es decir, se destinó fondos para una
obra que era imposible de ejecutar.
El quinto caso es por presunta
colusión. Y es que el Gobierno Regional de Junín firmó un contrato con un
consorcio y no se hizo la retención de la penalidad, a pesar de que había 39
días de retraso injustificado en la ejecución del proyecto.
MIDIS
La lista inicial del equipo de
transferencia para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
también tiene los nombres de tres personas cercanas a Vladimir Cerrón y que, a
su vez, reportan investigaciones por presuntos actos de corrupción.
Uno de ellos es Ricardo Untiveros
Lazo, personaje conocido por su cercanía con Cerrón, desde la primera gestión
en el Gobierno Regional de Junín.
Untiveros reporta tres
investigaciones fiscales. En un primer expediente se le atribuyen los delitos
de negociación incompatible, cohecho pasivo propio y colusión simple, por
irregularidades que se habrían cometido durante la gestión de Vladimir Cerrón.
Una segunda investigación es por
colusión y malversación debido a que un grupo de funcionarios dejaron sin
efecto un contrato de la obra de la institución educativa Mariscal Castilla,
simulando infracciones, abusando del cargo.
Y la tercera carpeta está
relacionada a unos audios que dan cuenta de una supuesta concertación para
otorgar la buena pro de una obra vial en Chilca, para cuyos fines se habría
pactado el pago de 100.000 soles, monto que luego se habría incrementado a
150.000 soles.
También para el Midis fue
acreditado Jorge Luis Hilario Flores: es investigado por colusión agravada.
Según información alcanzada a esta redacción, habría tenido participación en
irregularidades en la municipalidad de Tayacaja (Huancavelica), en la etapa de
compra e ingreso al almacén central de bienes adquiridos.
Finalmente, fue acreditada
Lucinda Quispealaya Salvatierra, quien se desempeñó como consejera oficialista
en la primera gestión de Cerrón. Ahora es investigada por malversación, por
participar en la aprobación de la transferencia del presupuesto del hospital de
Chanchamayo para otras obras.
PCM, AGRO Y TRABAJO
Otras personas cercanas a Cerrón
que forman parte de las listas de transferencia y que tienen investigaciones en
curso corresponden a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Agricultura
y Trabajo.
Con respecto a la PCM, fueron
acreditados Ana María Córdova Capucho, la personera legal de Perú Libre, y José
Luis Medina Aliaga, servidor del Gobierno Regional de Junín desde la primera gestión
de Cerrón.
Córdova Capucho tiene una
investigación por presunta malversación y retardo injustificado de pago, según
fuentes de la Procuraduría Anticorrupción. En tanto, Medina Aliaga enfrenta una
investigación por presunto cobro indebido y peculado. Esto último tiene que ver
con el pago de bonificaciones por Navidad o escolaridad, sin tener
presuntamente sustento legal.
En el sector Agricultura fue
acreditado Rogelio Huamaní Carbajal, quien tiene una investigación por
negociación incompatible, cohecho y colusión. Se trata del mismo caso de los
audios ya señalados para la supuesta concertación para el otorgamiento de una
buena pro de una obra vial de Chilca.
Finalmente, para el ministerio de
Trabajo, en la lista del equipo de transferencia aparece el nombre de Eddy
Misari Conde, conocido abogado laboralista de la región Junín que ejerció el
cargo de consejero regional oficialista por el partido Perú Libre.
Como consejero participó en la
aprobación de la transferencia de la obra del hospital de Chanchamayo a otras
obras, razón por la cual es investigado por supuesta malversación.
Una segunda investigación en su
contra tiene que ver también con su desempeño como consejero, al haber
participado en la aprobación de una ordenanza que declaraba de interés regional
el inicio de los estudios para determinar la ubicación de un nuevo aeropuerto.
BELLIDO PIDE ACATAR LA LEY EN
CONTRATACIONES
Ante los serios cuestionamientos
surgidos por las designaciones en distintos puestos de los ministerios, el
premier Guido Bellido remitió un oficio múltiple a los ministros instándoles a
cumplir con el marco legal vigente y los principios que rigen para las
contrataciones.
El documento fue enviado el 5 de
agosto. Textualmente, Bellido les pide “instruir al personal responsable de su
institución para que, en la designación de funcionarios públicos y servidores
de confianza, se aplique rigurosamente la legislación vigente y los principios
que rigen la contratación de personal en el servicio civil”.
En días previos, desde la
sociedad civil surgieron críticas debido a la falta de idoneidad en las
designaciones para algunos cargos.
La Autoridad Nacional de Servicio
Civil (Servir) emitió un comunicado recordando que incluso para los cargos de
confianza se deben cumplir ciertos requisitos como la formación profesional y
la experiencia necesaria.
Si bien Guido Bellido hizo la
exhortación a sus ministros para cumplir las normas, aún no anuncia decisión
alguna sobre la designación de Braulio Grajeda como viceministro de Gobernanza
Territorial, a pesar de no reunir experiencia previa para el cargo.
Grajeda fue abogado de Vladimir
Cerrón y también ayudó a reunir fondos para el pago de la reparación civil del
sentenciado líder de Perú Libre.
CAMBIOS
Produce. Fuentes del Ministerio
de la Producción informaron a esta redacción que el despacho del ministro Yván
Quispe Apaza tomó la determinación de dejar sin efecto la contratación como
asesor de Efraín Hipólito Arana Salinas.
Dudas. Según el portal web
Convoca, Arana Salinas es investigado por colusión agravada y tiene además un
proceso judicial por indemnización por daños, cuando era funcionario del
Ministerio del Ambiente. (La República/Wilber Huacasi)
Personas acreditadas para los equipos de transferencia con investigaciones por presunta corrupción
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