FISCAL DE LA NACIÓN ABRIÓ INVESTIGACIÓN PRELIMINAR CONTRA EL JEFE DEL ESTADO
La fiscal de la Nación, Zoraida
Ávalos Rivera, abrió investigación preliminar al Presidente de la República,
Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos contra la
administración pública y colusión, en agravio del Estado.
En esta investigación se tocan
hechos como la licitación del proyecto Puente Tarata III (San Martín) y la
licitación para abastecer de Biodiésel B100 a Petroperú, en el período
enero-abril 2022.
Según informó el Ministerio
Público, en ambos casos resulta relevante la intervención de Karelim López
Arredondo, quien tendría un vínculo amical con Bruno Pacheco, ex secretario
general de la Presidencia de la República, y presuntamente con el propio
presidente Pedro Castillo, por las visitas realizadas a la casa ubicada en el
jirón Sarratea.
La investigación que se abrió al
Jefe del Estado se sustenta en la facultad prevista en el artículo 117 de la
Constitución Política del Estado, el cual indica que “el Presidente de la
República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria;
por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o
municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el
artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o
los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema
electoral”.
“Es importante indicar que el
inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de
su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el
ámbito procesal penal”, indica el Ministerio Público en una nota de prensa.
La Disposición Fiscal N.° 1, del
4 de enero del 2021, ha sido debidamente notificada a la defensa del Presidente
de la República, Pedro Castillo Terrones.
El despacho de la fiscal de la
Nación también emitió una segunda disposición con la que abre investigación
preliminar al presidente Castillo Terrones por la presunta injerencia en los
ascensos militares. En este caso, se le atribuyen los delitos de tráfico de
influencias y patrocinio ilegal. (Andina)
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