TEXTOS ESCOLARES QUEDAN EN MANOS DE CONSERVADORES
*Retroceso. Pese a los pedidos de
la Defensoría, MIMP, Unesco y la OEA, el presidente Castillo no observó el
proyecto de ley que permite a grupos de padres, como ‘Con mis hijos no te
metas’, censurar enfoque de género y educación sexual en las escuelas.
Hasta anoche, vencido el plazo según ley, y sin escuchar los pedidos de instituciones y colectivos locales e internacionales, el presidente Pedro Castillo y el primer ministro Aníbal Torres no habían observado la autógrafa de ley que pone en riesgo el enfoque de igualdad de género y la educación sexual en los colegios al permitir que grupos conservadores de padres puedan censurar los contenidos de los textos escolares.
Pese a los informes técnicos que
le enviaron el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el
Ministerio de Educación (Minedu), el mandatario decidió no enfrentar el nuevo
golpe impulsado por legisladores de Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú
Libre, Avanza País, Acción Popular y Alianza para el Progreso.
De esta manera, desde hoy, la
presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, puede promulgar el proyecto de
ley n° 904-2021, que dispone que no solo las Apafas sino las “asociaciones
civiles de padres constituidas e inscritas en Registros Públicos”, como ‘Con
mis hijos no te metas’, revisen los contenidos de los textos escolares. De no
cumplir con ello, dice la autógrafa, los funcionarios del Minedu podrán recibir
sanciones y hasta ser destituidos; además de que se suprimirán las páginas
“observadas” en los libros.
“Este es un grave retroceso
porque no solo reduce el rol rector del Minedu que está obligado a implementar
las políticas educativas, sino que detiene la implementación del enfoque de
género en las escuelas, lo cual apunta a construir relaciones equitativas entre
hombres y mujeres, sin violencia ni discriminación”. En eso han coincidido
instituciones nacionales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo, el
Consejo Nacional de Educación, el Poder Judicial, el Sutep, la Unesco, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la OEA; así como
diversos colectivos ciudadanos y gremios estudiantiles.
“Esta norma profundizará las
brechas entre la escuela pública y la privada, al imponer censura a los
materiales que el Minedu distribuye a más de 6 millones de alumnos. (Los grupos
conservadores) irán luego por las privadas”, afirmó el exdirector de Gestión
Descentralizada del Minedu José Carlos Vera.
Según señaló el comité de
expertas de la OEA, mediante un comunicado, la iniciativa otorga a los padres
la capacidad de influir en la elaboración de los libros, estableciendo que se
deben reconocer sus convicciones morales y religiosas. “Esto supone un revés
para el derecho a una educación libre de discriminación y de estereotipos de
género”, precisaron.
CONSERVADORES CELEBRAN
Ayer, la Comisión de Educación
del Parlamento, presidida por el congresista de Renovación Popular Esdras
Medina, promotor también de la propuesta, anunciaba por Twitter que en breve se
promulgaba la norma, tras el silencio del mandatario.
Precisamente, el último martes, Esdras Medina y sus colegas de bancada Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui de Aguayo participaron en la marcha que organizó el colectivo ultraconservador ‘Con mis hijos no te metas’, el mismo que ha vuelto a colocar carteles en algunos puentes de la capital.
Debido a esta amenaza, la
parlamentaria Ruth Luque, del Bloque Multipartidario por la Defensa del Enfoque
de Igualdad de Género, anunció que llevarán el caso al Tribunal Constitucional,
como harán con la contrarreforma universitaria.
Al cierre de la nota, el ministro
de Educación, Rosendo Serna, se mantenía en silencio.
PROMULGAN UNA INICIATIVA COSTOSA
En la otra berma, el presidente
Pedro Castillo sí cumplió con promulgar ayer la ley que dispone el pago a
docentes por preparación de clases sin exigir sentencia judicial. Así se verán
beneficiados los maestros que debían recibir bonificaciones entre el 21 de mayo
de 1990 y el 25 de noviembre del 2012.
No obstante, el presidente de la
Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón, advirtió que
esta norma tendrá un costo fiscal de S/ 42.000 millones. “Este peligro se dio a
conocer en el Consejo Fiscal, pero no hubo observación. Además, se aprobó sin
opinión de la Comisión de Presupuesto. No dispone de dónde se sacarán los
recursos”. (La República/ Carlos Contreras)



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