CONGRESO APRUEBA LEY PARA EL PAGO DE BONIFICACIÓN A MAESTRO SIN EXIGIR SENTENCIA JUDICIAL
* Se trata de la bonificación por
preparación de clases, equivalente al 30%.
El pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que dispone el pago a los maestros de una bonificación especial por preparación de clases equivalente al 30% de su remuneración con una resolución administrativa y sin la exigencia de una sentencia consentida del Poder Judicial .
El proyecto de ley fue aprobado
en primera votación con 63 votos a favor,
nueve en contra y contra 23 abstenciones. Será sometido a una segunda
votación en siete días.
José María Balcazar, presidente
de la Comisión de Educación, explicó que esta norma reconoce un derecho para
los maestros, fundado en sentencias del Poder Judicial y del Tribunal
Constitucional, e incluso se cumple en muchas regiones.
Precisó que la bonificación será
el equivalente al 30% de la remuneración total del maestro y será extensivo
para docentes en actividad, cesantes y contratados.
Con ese fin, según indicó, la
norma dispone que el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) tendrán que expedir una resolución
administrativa para el pago de la bonificación especial por preparación de
clase y evaluación y por desempeño del cargo y preparación de documentos de
gestión equivalentes al 5% de la remuneración.
Dijo que si bien el Congreso
aprobó una norma reconociendo ese derecho, en muchas regiones se incumple con
el pago de este beneficio y se condiciona a que los docentes deban acudir al
Poder Judicial en busca de una sentencia.
Por ello, refirió que esta nueva
norma dispone que las autoridades administrativas de Educación, en cualquiera
de sus niveles, que incumplan con el pago de este derecho, serán pasibles de
ser denunciados civil, administrativa y penalmente.
“Es la única forma de hacer que
las autoridades entiendan que es derecho”, afirmó el legislador.
Durante el debate, la congresista
Patricia Juárez (FP), se mostró contraria al proyecto de ley señalando que ya
había sido aprobado anteriormente por el Congreso y motivó un llamado de
atención del Tribunal Fiscal, dado que tendría un costo de 42 millones de soles
para el Estado. (Andina)
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