CUATRO CANDIDATOS CUENTAN CON LA MAYOR CANTIDAD DE INVESTIGACIONES FISCALES
* Rendición de cuentas. La
República hizo una revisión de la base de datos del Ministerio Público sobre
los 36 candidatos presidenciales, con el propósito de que los electores
conozcan qué casos enfrentan en la actualidad. En esta primera entrega aparecen
cuatro postulantes que aparecen con una importante cantidad de carpetas
fiscales.
De los 36 candidatos presidenciales inscritos para la próxima contienda electoral, cuatro son los que acumulan la mayor cantidad de indagaciones en curso por diversos delitos. De acuerdo con un análisis de datos que hizo La República de los expedientes registrados en el Ministerio Público, el aspirante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, registra 16 carpetas fiscales, en tanto que la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, 13 en curso.
César Acuña Peralta, candidato de
Alianza para el Progreso, afronta 8 expedientes, y el postulante del Partido
Demócrata Verde, Álex González Castillo, 6 carpetas con indagaciones en
desarrollo.
López Aliaga, Álex González y
César Acuña han cumplido funciones públicas como autoridades, lo que explicaría
el alto número de denuncias y casos fiscales en su contra. No es el caso de
Keiko Fujimori, que ejerció como congresista entre 2006 y 2011, por lo que
resulta llamativo que lidere la relación de candidatos a la Presidencia de la
República con una importante suma de casos pendientes de resolución en el
sistema judicial.
En aras de la transparencia, los
postulantes al máximo cargo del país deberían explicar a los electores la
naturaleza de las imputaciones que enfrentan.
GRAVES PRESUNTOS DELITOS
Según el registro de las carpetas
fiscales de la aspirante presidencial Keiko Fujimori, quien se ha lanzado por
cuarta vez a la competencia electoral, tiene en giro dos casos por presunto
lavado de activos. Sin embargo, con la reciente resolución del Tribunal
Constitucional, que consideró que no procede dicho delito en el Caso Cócteles
(procesos electorales de 2011 y 2016), se mantiene vigente una investigación.
Es la que está referida al presunto financiamiento ilegal de la campaña de al
año 2021.
La nueva carpeta fiscal se inició
por la sospecha de que Keiko Fujimori financió con dinero de presunto origen
ilícito un esquema legal para tratar de impugnar el resultado electoral de la
segunda vuelta que ganó Pedro Castillo. Como se recuerda, Fujimori sostuvo que
se cometió fraude, pero no acredito pruebas sobre su denuncia.
Por el presunto delito de
organización criminal están consignadas dos carpetas del año 2021 y una de
2024. La primera se archivaría ya que está relacionada con el Caso Cócteles. La
segunda está pendiente de resolución.
Estos casos se encuentran en
Segunda y Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la
Criminalidad Organizada.
Durante la campaña presidencial
de 2021, la candidata de Fuerza Popular fue denunciada por presuntos actos
destinados a alterar el proceso electoral, así como los resultados del mismo.
Son 4 expedientes en proceso en Chungui, La Mar y Huamanga (Ayacucho). Casi
todos se encuentran en el estado de denuncia pendiente.
El registro del Ministerio
Público, Fujimori también consigna carpetas por los presuntos delitos de
exposición al peligro, violación de la presunción de veracidad, violación de
medidas sanitarias y omisión de denuncia, entre otros.
LOS PAPELES DEL EXALCALDE
El 26 de septiembre de este año,
el Poder Judicial dispuso ampliar por 24 meses la investigación por lavado de
activos contra Rafael López Aliaga. Pero esta carpeta no está relacionada con
sus actividades como autoridad edil sino que pertenece al ámbito empresarial.
El expediente es más conocido
como “El caso Panama Papers”.
Se le imputa al candidato de
Renovación Popular haber montado una red de compañías “offshore” para ocultar
el dinero que consiguió a cambio de “asesorías” a la Caja Metropolitana de Lima
durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán. Las “asesorías” fueron
contratadas a empresas de López Aliaga por intermedio del exgerente municipal
José Miguel Castro, quien cometió suicidio el 29 de junio de este año.
El exalcalde ha intentado varias
veces el archivamiento del expediente, pero sin éxito. De todas las
investigaciones fiscales, la de “Los Panama Papers” es la más grave.
El registro del Ministerio
Público indica que están en giro tres carpetas contra López Aliaga por abuso de
autoridad, otras tres por falsedad genérica y dos por negociación incompatible.
Las demás tienen que ver con
imputaciones por los presuntos delitos de peculado, malversación, falsa
denuncia, atentado contra la tranquilidad pública y nombramiento ilegal de
cargo público.
Como puede apreciarse, los casos
están vinculados con las actividades de funcionario público de López Aliaga en
el municipio limeño.
No menos graves son los hechos
que se le imputan al exgobernador de La Libertad, César Acuña Peralta.
La base de datos del Ministerio
Público informa que el aspirante de Alianza para el Progreso cuenta con dos
casos por tráfico de influencias. También están en proceso carpetas por
concusión, cohecho activo. Actos de conversión y transferencia, y encubrimiento
real, entre otros.
Como se ha indicado, se trata de
hechos relacionados con las actividades de Acuña como funcionario público.
Como parte de la investigación de
La República sobre los expedientes fiscales de los candidatos presidenciales,
próximamente se publicarán reportajes con el detalle de las pesquisas que estos
afrontan, el estado en los que se encuentran y la versión de la defensa de los
mismos.
EL ASPIRANTE MULTIPARTIDOS
El candidato del Partido
Demócrata Verde, Álex González Castillo, es otro de los candidatos
presidenciales que consigna en la base de datos del Ministerio Público carpetas
fiscales de investigaciones pendientes de resolución.
El exalcalde de San Juan de
Lurigancho (2019-2022), afronta 6 indagaciones por diferentes presuntos
delitos: falsificación documentaria, contra la administración pública, faltas
contra la persona, delitos cometidos por funcionario público y omisión de la
obligación de proveer alimentos.
Durante su gestión como
burgomaestre de San Juan de Lurigancho -fue elegido por Podemos Perú, de José
Luna Gálvez-, tuvo una actuación controvertida.
Los regidores de su propia
organización política le imputaron haber nombrado en cargos relevantes a
personas con supuestos antecedentes de corrupción. Incluso lo acusaron de
negarse a la fiscalización de su gestión.
Desde que en 1986 fue elegido
regidor de la municipalidad de San Luis por el Partido Aprista Peruano (PAP),
Álex González ha transitado y postulado por varios partidos políticos:
Armonía-Frempol (de Susana Higuchi, madre de Keiko Fujimori), Perú Posible (de
Alejandro Toledo), Movimiento Regional Voz Verde, Siempre Unidos, Cambio
Radical, Democracia Directa, Fuerza Popular (de Keiko Fujimori) y ahora por el
Partido Demócrata Verde, de su propia creación.
Fuentes del Ministerio Público
señalaron que la base de datos no describe detalladamente los casos, por lo que
hay que buscar expediente por expediente para conocer en profundidad los hechos
que se imputan a los candidatos presidenciales.
La República se ha empeñado en la
tarea de obtener la documentación de los casos más relevantes que enfrentan los
aspirantes presidenciales, en particular los referidos a los delitos más
graves.
Adicionalmente, este diario
publicará los registros policiales de los candidatos presidenciales, para que
los electores se informen adecuadamente sobre sus antecedentes. Los reportajes
contarán con los descargos de la defensa de los postulantes y la explicación de
los hechos imputados.
Esta información ayudará al
ciudadano a formarse una idea más clara de los candidatos antes de emitir su
voto.
TAMBIÉN SUMAN LAS DENUNCIAS
POLICIALES
Entre otras denuncias policiales,
el 16 de enero de 2023, los ciudadanos Hernán Pauyac Huamaní y José Garro Díaz
imputaron a Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular los presuntos
delitos contra el derecho al sufragio y fraude procesal en agravio del partido
Perú Libre.
El 22 de noviembre de 2023, el
ciudadano David Gutiérrez García denunció ante la policía al entonces alcalde
Rafael López Aliaga por usurpación de funciones.
El 27 de marzo de 2018, Jenny
Gutiérrez Vaisman se presentó en la comisaría para denunciar a César Acuña
Peralta, a quien le atribuyó haber protagonizado un acto de violencia familiar.
El cinco de marzo de 2020,
nuevamente Jenny Gutiérrez acusó a César Acuña Peralta por otro episodio de
violencia familiar.
Son varias las denuncias
formuladas por la misma persona, Jenny Gutiérrez Vaisman, contra el candidato
presidencial de APP, a quien imputa romper con el régimen de visitas y de
actuar de modo indebido cuando se le impide el ingreso a la vivienda de Las Casuarinas.
(LA REPÚBLICA/ Rosmery Tapara)

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