EL DESASTRE REGIONAL
* Rosa Vásquez, gobernadora
regional de Lima, semanas atrás ha sido condenada a casi 10 años de prisión por
peculado, además del pago de una reparación civil de S/100,000".
Rosa Vásquez, gobernadora regional de Lima, que se hace apodar ‘La Cholita’, semanas atrás ha sido condenada a casi 10 años de prisión por peculado, además del pago de una reparación civil de S/100,000. Es altamente probable que se ratifique dicha sentencia en segunda instancia. Asimismo, 17 de los 25 gobernadores están investigados por posibles delitos de corrupción. Hay tres exgobernadores sentenciados por corrupción. Los números anteriores evidencian no solo la desorganización, sino el desastre regional.
El Perú es un país desorganizado.
En esa desorganización participan los gobiernos regionales y municipales. Hay
una desorganización territorial, institucional, social y política. Se salva la
economía gracias a la mano firme de Julio Velarde, cuya influencia en la
economía es trascendental. Nada pasa en la economía nacional sin la atenta
mirada del BCR. Aunque, valgan verdades, las economías ilegales giran indetenibles.
Hay un país informalmente
federado. Entonces, ya se puede decir que el Perú es una república federada
informal que contradice el centralismo democrático de la dura izquierda
tradicional y del liberalismo clásico. Lo curioso es que esa federación
informal amenaza, a la larga, la unidad de la nación política, pero eso es
harina de otro costal, tema del cual hablaremos luego.
Desde el principio, el relato
descentralizador fue contrabandeado por la república de la transición y el
toledismo, que llevó adelante la regionalización más por tactismo político que
por un proyecto de modernización. En más de dos décadas, la descentralización
solo ha contribuido al desmadre institucional, no ha logrado consolidar una
burocracia eficiente, y los movimientos políticos regionales han decapitado los
incentivos hacia los partidos nacionales, que tampoco se han puesto en forma
para atender las nuevas demandas y necesidades. Observen este otro número: hay
56 obras paralizadas en manos de los gobiernos regionales, cuyo monto es de
alrededor de S/1,700 millones.
Probablemente, hay una fecha en
la que, en lugar de mejorar, el proyecto descentralizador se trajo abajo una
mejor arquitectura institucional. Esa fecha fue el 30 de octubre de 2005. Poco
se recuerda que aquel día hubo una consulta ciudadana que fulminó la
integración de las regiones en mancomunidades basadas en relaciones de clave
económica y geográfica.
De hecho, también todo el
rompecabezas alrededor de la minería informal e ilegal no hubiese sido posible
sin la anuencia y protección de los gobiernos regionales, que hasta diciembre
de 2024 tenían las competencias de la formalización de la pequeña y minería
artesanal. Aún hoy, las regiones deben fiscalizar a las plantas de
procesamiento minero, sector al que algunos culpan de financiar la minería
ilegal.
En las próximas elecciones el
desastre de la regionalización debe ser atendido. (PERÚ 21/Iván Arenas)
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