LIMA PROVINCIAS: FISCALÍA TRAS LOS PASOS DE LA DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN RUFINA CISNEROS
* Denuncia en Fiscalía avanza y
pone al descubierto presuntos delitos penales cometidos durante la gestión de
la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura avanza firmemente en la investigación contra la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP), colocando en el centro de la polémica a su actual directora, Rufina Cisneros, por una serie de omisiones, demoras y presuntas irregularidades administrativas que hoy son materia de la Carpeta Fiscal N.° 182-2025.
Documentos fiscales oficiales
revelan que el Ministerio Público ha tenido que emitir hasta cuatro oficios
reiterativos y urgentes para exigir información clave a la DRELP, situación que
evidencia una resistencia institucional alarmante frente a una investigación
por presuntos actos de corrupción ocurridos durante la gestión de la
gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado.
FISCALÍA INSISTE, DRELP NO
RESPONDE
El fiscal a cargo del caso, Elio
Willian López Parí, ha requerido información sobre:
Los requerimientos abarcan varios
frentes sensibles de la administración pública:
• Procesos de concurso público
realizados en 2025, incluyendo cronogramas, resultados y documentación
completa.
• Situación laboral y funciones
de servidores y funcionarios específicos, entre ellos:
o Zamora Pérez Hilari Judit
o Katherine Liset Aponte Bermúdez
o Mayra Leonardo Ortiz
• Identificación de los
integrantes del órgano instructor y órgano sancionador durante el año 2025.
• Información detallada sobre
procedimientos disciplinarios, resoluciones jefaturales y expedientes
administrativos relacionados con Martha Pilar Gabriel Tuya, incluyendo
descargos presentados y el estado actual de varios expedientes ingresados en
noviembre de 2025.
• Reportes oficiales del Sistema
de Gestión Documentaria, pieza clave para verificar plazos, movimientos y
eventuales retrasos administrativos.
APERCIBIMIENTO PENAL
Todos los documentos advierten
que la falta de respuesta podría configurar el delito de omisión, rehusamiento
o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal,
lo que comprometería responsabilidades penales directas.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Aunque los hechos investigados se
habrían originado durante la gestión regional encabezada por Rosa Vásquez
Cuadrado, hoy la responsabilidad recae en la actual conducción de la DRELP,
liderada por Rufina Cisneros, quien está obligada legalmente a transparentar
información, colaborar con la justicia y responder a la Fiscalía.
El silencio, la demora o la
entrega parcial de documentación no solo agravan la situación legal, sino que
refuerzan las sospechas sobre una red de irregularidades administrativas en el
sector educación de Lima Provincias.
LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA
La Fiscalía no ha cerrado el caso
y todo indica que, de persistir las omisiones, el proceso podría escalar a
nuevas diligencias y responsabilidades penales, marcando un punto de quiebre en
la gestión educativa regional. (DIARIO
EL CHASKI)
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