DESARTICULAN BANDA ‘LOS PULPOS DE LA VICTORIA’: CAE CANDIDATA A DIPUTADA DE JPP
* La investigación apunta a
autoridades y funcionarios vinculados al control ilegal de espacios en el
emporio comercial.
La intervención forma parte de
una serie de diligencias simultáneas orientadas a desarticular una red que,
según la hipótesis fiscal, operaba desde hace más de una década dentro de la
estructura municipal para controlar espacios públicos en el emporio comercial
de Gamarra, mediante el cobro sistemático de cupos a comerciantes.
“Tenemos una serie de
funcionarios de la Municipalidad de La Victoria, entre ellos el alcalde Rubén
Cano, el gerente de Fiscalización y personal de Recursos Humanos. Desde esta
última área se habría facilitado la contratación de personas no idóneas, quienes
operaban como fiscalizadores y ejecutaban acciones selectivas en Gamarra”,
explicó.
Según el representante del
Ministerio Público, estos fiscalizadores habrían retirado a comerciantes
informales no alineados con la organización, permitiendo que otros ocupen esos
espacios bajo un esquema de pagos ilegales.
Durante el operativo también fue
detenido Juan Manuel Núñez Castro, alias ‘Pulpo’, señalado como el presunto
líder de la red. De acuerdo con las autoridades, este individuo ya había estado
recluido en un penal en 2024, lo que no habría impedido la continuidad de las
actividades ilícitas.
Además, las fuerzas del orden
intervinieron al exgerente de Movilidad Urbana Sostenible y a exfiscalizadores
municipales, quienes habrían tenido roles operativos dentro del esquema de
control territorial.
UNA RED INFILTRADA DESDE 2014
La tesis fiscal sostiene que la
organización criminal logró infiltrarse desde 2014 en la Gerencia de
Fiscalización del municipio de La Victoria, consolidando progresivamente el
dominio de zonas estratégicas dentro de Gamarra, especialmente en los denominados
dameros A y B.
Este control habría continuado
durante la actual gestión edil iniciada en enero de 2023, lo que, según los
investigadores, sugiere que las autoridades municipales tenían conocimiento —o
al menos toleraban— estas prácticas.
Las investigaciones revelan un
sistema estructurado de cobros ilegales. Tras operativos municipales de
recuperación de espacios públicos, estos eran presuntamente reasignados a
comerciantes ambulantes a cambio de pagos que oscilaban entre 1,000 y 5,000 soles
por el derecho de ocupación.
A ello se sumaban cuotas
semanales de entre 10 y 20 soles, generando un flujo constante de ingresos
ilícitos para la organización. (PERÚ 21/ Katherine Llanos)
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