𝐆𝐎𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐋𝐈𝐌𝐀: 𝐅𝐔𝐍𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐌𝐀𝐍𝐓𝐈𝐄𝐍𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐆𝐎 𝐏𝐄𝐒𝐄 𝐀 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐑 𝐒𝐀𝐍𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐈𝐏𝐋𝐈𝐍𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐕𝐈𝐆𝐄𝐍𝐓𝐄
* La transparencia y los estándares
de integridad en la administración pública vuelven a estar en el centro del
debate.
Una revisión realizada al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) muestra que Shirley Liliana Portilla Cárdenas, quien actualmente se desempeña como Subgerenta de Control Patrimonial y además tiene a su cargo el área de Servicios Generales del Gobierno Regional de Lima, registra una sanción disciplinaria de suspensión con estado vigente, impuesta por la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa. El reporte también señala que dicha sanción no conlleva inhabilitación para ejercer la función pública.
De acuerdo con información
obtenida por este medio, la funcionaria continúa desempeñando funciones en una
dependencia estratégica del Gobierno Regional de Lima durante la actual gestión
encabezada por el gobernador regional encargado, Nicolás Barrera.
Más allá de la existencia de una
sanción, el caso abre un debate sobre los criterios que deben primar en la
designación y permanencia de funcionarios que administran bienes patrimoniales
y procesos logísticos dentro de una entidad pública.
En ese contexto, surgen
interrogantes que la administración regional debería responder:
¿La gestión evaluó la existencia
de esta sanción antes de ratificar a la funcionaria en el cargo?
¿Qué criterios técnicos y
administrativos sustentaron su permanencia?
¿Se realizó una evaluación de
riesgos para un puesto vinculado al control patrimonial y los servicios
generales?
¿Qué mensaje transmite esta
decisión en materia de transparencia, integridad y confianza ciudadana?
Es importante precisar que la
existencia de una sanción administrativa vigente no constituye, por sí sola, la
comisión de un delito ni implica automáticamente un impedimento para laborar en
el Estado, salvo en los supuestos previstos por la ley. Sin embargo, tratándose
de cargos de responsabilidad en la administración pública, la ciudadanía tiene
derecho a conocer los criterios utilizados por las autoridades para la
designación y permanencia de sus funcionarios.
La transparencia no solo exige
cumplir la ley; también demanda explicar las decisiones que impactan en la
confianza de los ciudadanos. (PRENSA AL DÍA)
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