"LÍNEA DIRECTA" con Eladio Quispe

LIMA PROVINCIAS: FISCAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEBE SER INVESTIGADO POR ACOMPAÑAR A ROSA VÁSQUEZ A TOMA DEL GORE LIMA

* Es el mismo fiscal que para hacer cumplir la ordenanza para desalojar el comercio informal pone más peros que peras. El mismo que no ha hecho una sola denuncia por omisión en el tema de la inseguridad ciudadana.

La sorpresiva entrada de Rosa Vásquez Cuadrado al Gobierno Regional de Lima, acompañada de un fiscal de prevención del delito y funcionarios que habrían sido cesados, exige explicaciones inmediatas. Según el abogado Miguel Curioso, el ingreso se produjo un sábado, en día inhábil, aprovechando las debilidades de seguridad de la institución. La pregunta es inevitable: ¿qué hacía el fiscal en esa diligencia y bajo qué fundamento intervino? Su presencia no puede convertirse en una carta blanca para validar actuaciones cuya legalidad está cuestionada.

Curioso sostiene que el magistrado habría incurrido en una posible infracción funcional al acompañar el ingreso sin verificar previamente si la resolución correspondiente había sido formalmente notificada y si podía ejecutarse. Si se confirma que actuó sin comprobar esos requisitos, corresponde que las autoridades competentes investiguen su conducta y determinen si excedió sus atribuciones. Un fiscal de prevención del delito no está para legitimar hechos consumados ni para servir de respaldo a maniobras políticas. Su deber es actuar dentro de la ley, con imparcialidad y respeto por las competencias de cada autoridad.

El asunto es más grave porque, según la información proporcionada por el abogado, la sentencia de hábeas corpus que favorece a Vásquez fue apelada y la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate habría rechazado su ejecución inmediata. Además, se encuentra en controversia la Resolución N.º 4255-2026-JNE, que restituyó sus credenciales, mientras sus condenas penales y la casación correspondiente siguen siendo materia de actuaciones judiciales. Estos elementos exigen esclarecer qué resoluciones estaban vigentes, cuáles podían ejecutarse y qué verificó el fiscal antes de participar en el ingreso.

La región Lima no puede convertirse en escenario de hechos consumados donde primero se ocupa una institución y después se pretende justificar lo actuado. El Ministerio Público debe investigar, con objetividad y sin blindajes, la intervención del fiscal y establecer si su conducta se ajustó a la ley. No se trata de condenarlo anticipadamente, sino de exigir responsabilidades si corresponde. La ciudadanía merece respuestas claras: ¿fue una actuación preventiva legítima o una intervención que terminó favoreciendo una restitución controvertida? La respuesta debe surgir de una investigación seria, no del silencio institucional. (ENFOQUE REAL)