AMENAZAS DE MUERTE, DINAMITA, ARMAS Y LOS OSCUROS ANTECEDENTES QUE OBLIGAN A MIRAR LA HISTORIA DE ANDRÉS TELLO

* ¿Está naciendo un brazo armado en Lima Provincias?

La provincia de Huaura necesita respuestas antes de que las amenazas se conviertan en tragedias. Las denuncias sobre un presunto brazo armado que habría intentado intimidar a la Dra. Terrones para obligarla a renunciar a su postulación a la vicegobernación regional, las amenazas de muerte contra periodistas locales y las reiteradas acusaciones de persecución política formuladas por sectores de oposición configuran un escenario que no puede ser tratado como simples discrepancias electorales. ¿Estamos frente a hechos aislados o ante una estructura de intimidación que pretende imponer sus propias reglas mediante el miedo? La gravedad de estas denuncias exige una investigación fiscal y policial que identifique a los responsables y determine si existe alguna conexión entre los episodios.

La preocupación aumenta con la intervención policial del 4 de noviembre, en la que fue detenido Cristhian Vergara Cuéllar, hijo del alcalde provincial electo Pompeyo Vergara. Durante el operativo contra presuntos integrantes de la organización criminal denominada «Los Injertos del Cono Sur», se reportó la incautación de una pistola, municiones, teléfonos celulares y un artefacto explosivo artesanal, además de otros elementos. La información periodística también dio cuenta de que el intervenido habría intentado escapar de la acción policial. No estamos afirmando que el parentesco con una autoridad electa implique responsabilidad política o penal de esta última; pero sí estamos frente a un episodio que exige explicaciones y una investigación transparente. ¿A quién estaban destinadas las armas y los explosivos? ¿Qué revelará el análisis de los teléfonos y las comunicaciones? ¿Existe alguna conexión con las amenazas que vienen denunciando ciudadanos y periodistas? Son preguntas que no pueden quedar sin respuesta.

Y aquí aparece un antecedente histórico que merece especial atención: Andrés Tello Velasco y su paso por el Ministerio del Interior durante el gobierno aprista de Alan García. No se trata de atribuirle delitos ni de presentarlo como integrante del Comando Rodrigo Franco. Existe, sin embargo, un documento oficial del Congreso que merece ser revisado. En la sesión del 27 de febrero de 2003, el congresista Heriberto Benítez propuso incorporar a Tello a la relación de personas cuyo secreto bancario y tributario se solicitaría levantar, argumentando que había sido secretario general del Ministerio del Interior durante un periodo prolongado y que podía aportar información por su posición institucional y política. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Esto no demuestra que Tello integrara aquella organización ni acredita que el levantamiento se ejecutara, pero sí constituye un antecedente parlamentario que merece una explicación pública. ¿Qué resultados tuvo aquella investigación? ¿Se llegó a examinar su situación patrimonial? ¿Qué información se obtuvo sobre su actuación durante la gestión de Agustín Mantilla?

La dimensión de este antecedente adquiere mayor relevancia tras la reciente decisión de la Corte Suprema. El 19 de noviembre de 2026, el Poder Judicial informó que ratificó las condenas de 15 años de prisión contra Jesús Miguel Ríos Sáenz, Jorge Mauro Huamán Alacute y Gino Fiori Gonzales, por graves violaciones de derechos humanos vinculadas al Comando Democrático Rodrigo Franco. La sentencia establece que existió un aparato clandestino integrado por efectivos policiales y civiles vinculados al partido de gobierno, que seleccionaba objetivos del entorno sindical, opositor o subversivo y ejecutaba acciones criminales. Agustín Mantilla, exministro del Interior, quedó históricamente asociado a las investigaciones sobre esta organización. La sentencia no establece responsabilidad de Andrés Tello, pero vuelve legítimo y necesario revisar los antecedentes documentales de quienes ocuparon posiciones relevantes en aquella estructura ministerial. La historia no puede ser utilizada para condenar a nadie sin pruebas, pero tampoco debe convertirse en un capítulo prohibido para el periodismo de investigación.

En Huaura, además, sectores de oposición al gobierno que controlan la Universidad de Huacho por más de 20 años han denunciado actos de persecución, amenazas y atentados contra viviendas mediante explosivos y disparos, atribuyendo esas prácticas a lo que políticamente denominan «las alcantarillas». Son acusaciones que deben investigarse individualmente, identificando a sus autores materiales e intelectuales, sin convertir señalamientos políticos en sentencias anticipadas. Lo que sí está documentado es que el director de AlternaTV recibió amenazas explícitas de muerte y que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú alertó el 20 de octubre sobre intimidaciones similares contra otros comunicadores locales. La libertad de prensa no puede quedar sometida a los intereses de ningún candidato, partido o grupo de poder.

La pregunta que hoy debe incomodar a toda la clase política es directa: ¿quién pretende gobernar Lima Provincias utilizando el miedo como herramienta de poder? Si existe un brazo armado, que la Fiscalía lo descubra; si hay amenazas contra candidatas, periodistas u opositores, que se identifique a los responsables; y si existen conexiones entre organizaciones criminales y actores políticos, que se investiguen hasta las últimas consecuencias. No estamos en la década de 1980 ni en los años más oscuros de nuestra historia para tolerar grupos clandestinos, matones o estructuras de intimidación. Huaura no necesita dueños, operadores del miedo ni guardianes armados de ningún proyecto político. Necesita democracia, justicia y autoridades que respondan ante la ciudadanía. (ALTERNA TV)

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